Buscando alternativas para los remisos

Vincular laboralmente a jóvenes que no han resuelto su situación militar contribuye al debate sobre la necesidad de acabar con la obligatoriedad de este servicio.

La directriz que firmó el Ejército da instrucciones a los jefes de reclutamiento para no cometer irregularidades incorporando a jóvenes al servicio militar. / Archivo

Un debate grande sigue dándose en el Gobierno sobre la cada vez más desdibujada necesidad de mantener la libreta militar obligatoria en el país. El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, contribuyó ayer a la discusión al proponer alternativas para que los jóvenes entre 18 y 28 años puedan acceder a un empleo con el sector público sin presentar este requisito inmediatamente.

Garzón explicó que le ha planteado al Gobierno la presentación de un proyecto de ley que declare una amnistía para los jóvenes mayores de 24 años que son remisos y por eso tienden a engrosar las cifras de informalidad laboral e ilegalidad en el país. La iniciativa incluiría que quienes tengan 18 a 24 años se les permita trabajar para que puedan pagar su libreta militar un año después, con su salario o a cuotas.

La preocupación no es menor: cerca de un millón de jóvenes, entre 18 y 28 años, están desempleados en el país y alrededor de un millón quinientos sesenta y cinco mil, entre esas edades, no han resuelto su situación militar, según el jefe de la cartera de Trabajo. “No estamos desestimulando la libreta militar y menos en circunstancias como estas, quizá cuando se dé el posconflicto habrá otro escenario. Los jóvenes hoy no tienen experiencia, no tienen formación. Hay que pensar qué los detiene a la hora de buscar empleo, porque son el presente, no el futuro”, sostuvo Garzón.

Habría primero que aclarar que desde 1996, a través de un decreto, se definió que la libreta militar sólo se debía pedir en cuatro escenarios: para graduarse de educación superior, contratar con el Estado, hacer carrera como administrador público y para posesionarse en cargos de elección popular. Una de estas causales perdió vigencia con la reciente Ley 1738 de 2014, que eliminó la libreta militar como requisito para graduarse de estudios superiores, desde entonces más de un objetor de conciencia ha recibido su título como profesional.

Aun así, en la práctica, las empresas privadas siguen pidiendo la libreta militar para contratar por un profundo desconocimiento de la ley. Parece que en el país se popularizó con fuerza la Ley 48 de 1993, que reglamenta el servicio militar obligatorio y no sus reformas. Por eso muchos particulares creen que de no contratar con libreta militar en sus empresas les pueden acarrear multas millonarias.

Luis Castro, defensor delegado para los Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, quien ha liderado el tema en esta entidad, señala que les siguen llegando casos de empresas privadas que exigen la libreta militar, contrario a lo que dice la ley. También celebra la propuesta del ministro Garzón, porque le puede permitir sin tanto trámite la vinculación de jóvenes a la función pública, y en el caso, por ejemplo, de las personas transgénero les permite esta vinculación sin un trámite judicial adicional.

“En perspectiva, la propuesta del ministro Garzón nos lleva a pensar cuál sigue siendo la verdadera función del servicio obligatorio y nos pone a pensar en la necesidad de aceptar que el país debe volcarse a la profesionalización del servicio militar únicamente”, afirma Castro.

En los últimos 15 años el Estado le ha ido quitando poder a la libreta militar obligatoria. Antes servía, incluso, como descuento para ingresar a las universidades y se pedía para sacar el pasaporte o el pase de conducción. Pese a esto hoy sigue siendo imprescindible para contratar con el Estado, hacer carrera como administrador público y para posesionarse en cargos de elección popular.

Ese panorama cambiaría si la propuesta de Garzón, que asegura ya socializó con el Ministerio de Defensa, tiene eco en el Gobierno. Su pronunciamiento pudo sonar polémico hace unas décadas cuando pocos se atrevían a discutir la función de la libreta militar obligatoria. Hoy, con la fuerza de estar viviendo otros tiempos, donde hasta el presidente Juan Manuel Santos prometió acabar con el servicio militar obligatorio si llega a la firma de un acuerdo con las Farc en La Habana, sus palabras parecen estar sincronizadas con las más recientes decisiones constitucionales y exigencias sociales frente al tema: la histórica sentencia de la Corte Constitucional (T-455 de 2014), que entró en vigencia a finales de enero de 2015, que da órdenes muy concretas al Ejército para que no siga cometiendo irregularidades en la incorporación de jóvenes al servicio militar obligatorio, como las mal llamadas batidas, y que estipula, por ejemplo, un plazo de 15 días para resolver solicitudes de objeción de conciencia y ordena la difusión de este derecho como causal de exención al servicio militar obligatorio.

Así como la más reciente directriz y protocolo que firmó el Ejército y da instrucciones claras a los jefes de reclutamiento de todo el país para no cometer más irregularidades, acatando el fallo de la Corte Constitucional.

Esto sin hablar de los duros pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo en torno a la realidad del servicio militar obligatorio, prestado siempre por los más pobres: “De los 466.377 soldados reclutados entre enero de 2008 y diciembre de 2012, el 81% pertenecían a los estratos 1 y 2 o serían personas en condiciones de pobreza extrema. Por su parte, los soldados de estratos 4, 5 y 6 no sumaban siquiera el 1% de esa cifra de reclutamiento”, señala el más reciente informe.

Ni qué decir de las propuestas políticas por reglamentar un servicio social para la paz, que viene de organizaciones civiles, y ya tocó las puertas de los congresistas que hoy parecen mostrar una actitud más activa frente al tema, luego de que han hundido por negligencia parlamentaria o problemas de trámite más de ocho proyectos de ley desde que la Corte Constitucional los exhortó a reglamentar la objeción de conciencia al servicio militar, en 2009. Las propuestas de Garzón que buscan que la libreta militar no sea un obstáculo para vincular laboralmente a jóvenes con el Estado suenan más que coherentes con quienes buscan aterrizar qué significa hacer realidad el posconflicto.