Por: Francisco Gutiérrez Sanín

Cabos sueltos

DURANTE YA LUSTROS —¡CÓMO PASA el tiempo!— he sido lector apasionado de historia militar.

En ese maravilloso campo académico participan desde oficiales, activos o en retiro, hasta estudiosos que han dedicado su vida a entender por qué los franceses tomaron X decisión en la batalla de Somme, y no esta otra que hubiera acortado decisivamente la duración de la campaña. Ahora bien, las agencias armadas son, por supuesto, “máquinas” para producir violencia, según la económica definición de Federico el Grande; pero violencia organizada, y bajo una dirección política. Por eso, desde los comienzos de la existencia del Ejército y la Policía como organizaciones modernas, decenas de generales y coroneles han derramado ríos de tinta acerca de los terribles males que resultan del hecho de que un uniformado use sus armas de manera no política, no organizada, individual, contra los civiles.

Aunque los detalles históricos son extremadamente ricos, las lecciones básicas de esa literatura se pueden resumir fácilmente. La violencia arbitraria contra los civiles tiene tres efectos estratégicos nocivos. En primer lugar, deslegitima brutalmente al Estado y deja un reguero de deudas de sangre. En segundo lugar, produce un severo deterioro en la moral de combate. En tercer lugar, rompe la cadena de mando, porque genera toda una serie de complicidades y códigos ocultos que dan poder y habilitan al subordinado para chantajear al superior. Esas son, digamos, las razones técnicas, instrumentales. En una democracia hay, claro, poderosas razones adicionales, de carácter moral y político. Por un lado, estos desórdenes separan a los civiles de los militares (en muchos sentidos: producen odios y temores, rompen el control de los funcionarios civiles sobre sus subordinados en uniforme, etc.). Por otro, son profundamente inmorales, porque no sólo atentan irreparablemente contra los derechos humanos sino que dan una señal pública de que se puede violar la ley desde el Estado.

A la luz de esto, me he venido preguntando en estos días qué buena razón habría para darles un trato especial, de ‘resort’ —según la expresión de Semana—, a uniformados que cometen delitos brutales, y a quienes se ha encontrado suficiente evidencia para procesar (o que ya están condenados). Y esto justo después de asuntos como el de Demil, etc. Una sería que la dirección política del Estado aprueba y avala este proceder, por ejemplo por considerarlo conveniente para la conducción de la guerra contra la guerrilla (que, si me permiten recordarlo, constituye una ínfima, ínfima minoría de la población). Pero no, nadie que yo sepa ha defendido eso. La otra sería que en algunos sectores hay los suficientes lazos de complicidad como para garantizar que no se cambien diseños institucionales suicidas, aunque impliquen costos enormes para la población y para el Estado. Una tercera sería simple ineficiencia y rutina organizacional: protejo mi área de decisión, para que nadie se meta en ella. Ninguna de estas razones me cuadra. Es, digamos, el cabo suelto de mi comprensión del problema. Como fuere, las consecuencias no son triviales. Que, como lo dijo el ministro del Interior, no se haya permitido el ingreso de una comisión del Inpec a Tolemaida, apunta a un deterioro institucional claro y distinto.

En conclusión. Primero, mientras se mantengan esos diseños, la versión de los casos aislados y de las manzanas podridas está clausurada. No tiene ninguna credibilidad. Segundo, cambiar esta situación es fundamental para nuestra democracia, para nuestros ciudadanos, ciertamente para los miles y miles de ellos que se guían por los códigos del honor militar y arriesgan su pellejo y su vida cumpliendo una misión constitucional. ¿Cuándo cambiará esta situación absurda? Hmp. Ni idea. Averígüelo Vargas.

 

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