Por: Francisco Gutiérrez Sanín

A cada quien lo suyo

Leí recientemente una columna de Salomón Kalmanovitz que me dejó muy preocupado.

Allí, Kalmanovitz mostraba cómo las regalías se estaban redistribuyendo a manos llenas a los poderes regionales, contra los propósitos iniciales de darles un uso estratégico para el desarrollo. En particular, cuenta Kalmanovitz, el cacareado impulso a la ciencia y a la tecnología con dinero de las regalías pasará por comités en donde está garantizada la presencia de políticos regionales, que pueden ser ágiles y astutos y contar con toda una serie de conocimientos y recursos, no lo dudo, pero que tienen todas las mentalidades y todos los incentivos negativos para la toma de decisiones en este terreno específico. Aún más, incluso si tuvieran mejores incentivos viven en un grado tal de descoordinación que es imposible que se pongan de acuerdo alrededor de algún plan cohesionado y una mirada de largo plazo, que es precisamente lo que se necesita en ciencia y tecnología. Supongan que algún gurú demuestra que el país necesita un nuevo centro de investigación de excelencia en, digamos, música dodecafónica. ¿Se imaginan al flamante partido de la U —o al liberal, o al conservador, para ese caso— tratando de decidir a cuál universidad se le dará la financiación? La única innovación que espero venga de allá será que, después de tener paramilitarismo y parapolítica, pronto podamos contar con una flamante paraciencia. Eso, sin duda, nos convertirá en un fenómeno único a nivel mundial.

Ningún país dotado de un establecimiento científico que remotamente merezca ese nombre ha procedido por esa vía. Como tampoco los que se enorgullecen de contar con un mínimo respeto a los derechos humanos han buscado implementar diseños institucionales susceptibles de generar una catástrofe humanitaria, como pretende hacerlo ahora el flamante ministro de Defensa. Creo que este problema se puede plantear sobre bases conceptuales y empíricas simples y sólidas. Primero, Colombia es un país en guerra, con altísimos niveles de riesgo y costos humanos para soldados y policías, por lo que ellos merecen acompañamiento y respaldo. Segundo, en los últimos treinta años la relación de las agencias de seguridad con la ciudadanía ha estado manchada por increíbles hechos de brutalidad, impunidad reiterada, connivencia sistemática de muchos agentes estatales con ilegales, y violencia oportunista (el síndrome del “gatillo rápido”) debido al manto protector que gentes interesadas tienden, no sobre las cabezas de los miles de soldados y policías del común que se juegan el pellejo por sus conciudadanos, sino sobre las de delincuentes de alta peligrosidad que envilecen su uniforme con actos atroces.

El argumento que el mindefensa reedita es viejo, viejísimo: es el célebre síndrome de la Procuraduría sobre el que hablaban civiles que querían promocionar una política de tierra arrasada, para que los militares les sacaran las castañas del fuego. Pero esa narrativa no tiene, o no debería tener, efecto, por dos razones también simples. Primero, durante años el Estado colombiano circunvaló el síndrome de la Procuraduría dejando que los paramilitares procedieran con la más generosa impunidad. Eso dejó un reguero de horrores, pero no ganó la guerra. Segundo, el proyecto se presenta sobre un trasfondo de radical pérdida de la inocencia. ¿Se pueden hacer planteamientos como el que proponen el ministro y sus acólitos después de los falsos positivos? Moralmente, no. Políticamente, ya veremos.

En una columna que escribí hace rato, dije que el intento de reconstrucción del centro que intentaba Santos podría tener efectos interesantes, pero que también podría conducir a la lógica de darle a cada quién lo suyo, en su propio dominio. Es decir, de coordinar diferentes presiones particularistas. Precisamente gracias a ella el centro político colombiano en las últimas décadas se rajó en desarrollo y en derechos humanos. No fue ni radical ni eliminacionista en su discurso, pero sí bastante matón en la práctica. Al parecer, Santos ha decidido echar por un camino cuyos enormes costos pagará el país.
 

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