Por: Yesid Reyes Alvarado

Cadena perpetua (1)

COMIENZA UNA CAMPAÑA PARA CONseguir que en Colombia se implante la cadena perpetua y que sus primeros destinatarios sean quienes abusen sexualmente de menores de edad.

Uno de los argumentos que con mayor insistencia se invoca para justificar esta propuesta, es el de que los autores de estos delitos no están en capacidad de controlar sus impulsos sexuales. Se dice entonces que como se trata de personas que al salir de la cárcel reincidirán, entonces una pena de prisión de duración determinada sólo consigue aplazar la comisión de nuevos delitos; por eso se afirma que la única manera de conseguir que ellos no vuelvan a abusar sexualmente de menores de edad es manteniéndolos de por vida en prisión.

El argumento es muy efectista, porque supone una solución muy simple para un problema muy complejo. Encerrar de por vida a personas que tienen compulsión a cometer delitos nos releva de indagar las causas de esa proclividad al delito y de actuar sobre ellas; convocar un referendo para que la gente se pronuncie sobre la necesidad de impulsar cambios en la educación sexual de las personas, la conveniencia de mejorar las condiciones de vida para disminuir la promiscuidad en que viven ciertos sectores de la población o la importancia de brindar atención mental a quienes presenten desórdenes sexuales, no tendría mucha acogida y, sobre todo, obligaría al Estado a invertir mucho tiempo y dinero en el control de las causas de esos delitos. Por eso es mucho más cómodo convocar un referendo para buscar que los autores de ataques sexuales contra menores de edad permanezcan de por vida en prisión; porque la solución es simple, rápida y genera la sensación de que resuelve el problema, cuando lo único que consigue es enmascararlo.

Uno de los pilares básicos del derecho penal indica que sólo se puede castigar como delincuente a quien tiene la capacidad mental de decidir entre cometer un delito y no cometerlo. Para los que no están en condiciones de hacer esa elección, el derecho penal no prevé la imposición de penas como la prisión, sino la aplicación de tratamientos médicos o sicológicos orientados a corregir esa incapacidad, porque no tiene ningún sentido enviar a la cárcel a quien o no es consciente de que comete un delito o está en incapacidad mental de controlar sus tendencias delictivas.

Hace ya más de un siglo que el derecho penal considera que quien no está en condiciones mentales de evitar sus conductas delictivas, debe ser objeto de tratamiento y no de encierro en prisión. Por eso, desde el punto de vista del derecho penal, la propuesta de imponer cadena perpetua a quienes abusan sexualmente de menores de edad con el argumento de que no están en capacidad de controlar sus impulsos sexuales, es un enorme contrasentido. Porque si es cierto que estamos frente a sujetos que por problemas mentales no pueden evitar la comisión de esos delitos, entonces lo que el derecho penal enseña es que se trata de personas que no pueden recibir pena de prisión, sino que deben ser sometidas a tratamiento médico o sicológico.

Por eso conviene tener presente, desde ahora, que incluso si existiera la posibilidad constitucional de aplicar cadena perpetua, cuando en un proceso penal se demuestre que el procesado es una persona que no puede controlar sus impulsos sexuales, seguramente el juez ordenará que reciba un tratamiento médico en lugar de disponer su ingreso en prisión por el resto de su vida.

 

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