Por: Yesid Reyes Alvarado

Cadena perpetua (2)

A COMIENZOS DEL SIGLO XX UN GRUpo de médicos y abogados italianos anunció que los criminales no son personas que deciden libremente entre respetar la ley o infringirla.

Según ellos, son factores biológicos, físicos y sociales los que convierten a alguien en delincuente, quien debido a esas circunstancias no tiene la posibilidad de escapar a su destino; en otras palabras, se afirmó que debido a problemas biológicos, sicológicos, sociales o de entorno natural, hay quienes están predestinados a delinquir.

La consecuencia inmediata de esta premisa, fue que la ley penal no podía servir para intimidar al criminal, ni para persuadirle de no cometer más delitos, porque no está en capacidad de escoger entre comportarse conforme o contra la ley. Se propuso entonces que como una forma de defender a la comunidad, los delincuentes debían ser retirados de la sociedad hasta que científicamente se demostrara la desaparición de los factores que les impulsaban a delinquir; las penas debían ser entonces indeterminadas y en muchos casos acabaron siendo en la práctica cadenas perpetuas.

Una vez establecido que los criminales son personas que por factores como el biológico o el social tarde o temprano violarían la ley, se pensó que no tenía ningún sentido esperar a que cometieran un delito para apartarlos de la sociedad en forma indeterminada; si se estaba en capacidad de reconocer al potencial delincuente, lo más razonable parecía ser el aislamiento anticipado de esa persona para evitar que en el futuro pudiera llegar a cometer un crimen.

Nacieron así leyes que identificaban grupos de potenciales delincuentes y preveían para ellos la aplicación de penas preventivas, como las llamadas leyes de vagos rateros y maleantes que a mediados del siglo XX rigieron en países como España y Colombia.

El argumento que más se ha invocado en Colombia para respaldar una reciente iniciativa en favor de la implantación de la cadena perpetua respecto de abusadores sexuales es, precisamente, que se trata de personas con problemas sicológicos que los impulsan a cometer esa clase de delitos y que desde el punto de vista médico son difícilmente recuperables.

Esa afirmación no llevará directamente a imponerles cadena perpetua a estos delincuentes, sino a someterlos a penas de duración indeterminada, que se ejecutarían hasta que el condenado demostrara haber sido curado de sus problemas sicológicos; porque en aquellos casos en los que la persona superara su enfermedad, perdería todo sentido el cumplimiento de la pena.

Pero si el Estado es capaz de identificar a quien por problemas mentales habrá de cometer un delito en el futuro, no faltará quien con razón sugiera que vayan a prisión las personas a quienes se demuestre médicamente predisposición a abusar sexualmente de los menores de edad, aun cuando todavía no hayan cometido un crimen; a ello no podría contestarse diciendo que hay que esperar a que delincan para imponer una pena, porque lo que hay detrás de la iniciativa sobre cadena perpetua es, justamente, la idea de encerrar a una persona de por vida, no tanto por lo que hizo como para evitar la comisión futura de delitos.

 Ideas como las aquí comentadas fueron usadas para construir un derecho penal alrededor del concepto de peligrosidad social, que hace mucho tiempo fue abandonado por peligroso y que parece resurgir con propuestas como la de implantar la cadena perpetua.

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