Por: Armando Montenegro

Café amargo

La discusión de los documentos de la Misión Cafetera, que dirige Juan José Echavarría, ha despertado bastante interés y no pocas incomodidades.

Como se trata de documentos serios, fruto del trabajo de académicos distinguidos, las descalificaciones ligeras y acaloradas están fuera de lugar. Los afectados deberían discutir con argumentos.

¿Qué dijo la Misión en materia institucional? De la lectura del estudio realizado por Eduardo Lora, Marcela Meléndez y Mariano Tommasi queda claro que su mensaje central consiste en que la estructura actual de la Federación de Cafeteros es un vestigio de un mundo que ya no existe. Insisten en la rigidez de la entidad, los dañinos controles que impone y sus mecanismos desuetos que han terminado por convertirla en un obstáculo para el progreso de la caficultura. Por ello, Colombia, según las cifras del trabajo, ha cedido su liderazgo y, en sus palabras, “la pérdida de supremacía en los mercados internacionales es el resultado de esa dificultad de adaptación, en gran parte explicada por la rigidez de políticas e instituciones que tampoco se han adaptado a la nueva realidad a la velocidad necesaria”.

Debido al enredo y la falta de claridad de sus funciones, los autores señalan que “la FNC es una institución caracterizada por su poca transparencia... Los recursos públicos y privados son en alguna medida fungibles al interior de las contabilidades del Fondo, la FNC y las empresas de su propiedad (se pierde la noción de qué es público y qué es privado...)”. Dicen, además, que la Federación no responde a las necesidades y demandas de los cafeteros de base: “La FNC goza de una gran autonomía frente a sus afiliados, a quienes rinde cuentas apenas de forma laxa y poco transparente”. Explican por ello el vigor de la llamada Dignidad Cafetera.

A la luz de estos diagnósticos, la reforma de la Federación es inaplazable. Al respecto, las recomendaciones de establecer la libertad de exportar café y retirar los palos de las ruedas de las operaciones de los exportadores y otros agentes privados deberían llevarse a cabo en forma inmediata. Estas reformas, planteadas hace décadas, son indispensables.

El rediseño institucional que plantea la Misión, en cambio, merece discusiones adicionales. Los autores bosquejan dos interesantes esquemas alternativos para reemplazar al que hoy rige a la Federación, que seguramente evolucionarán hacia un modelo más elaborado.

El estudio, en mi concepto, no presenta la crítica que merece la parafiscalidad, un verdadero engendro constitucional colombiano que consiste en privatizar el recaudo y el manejo de recursos públicos en manos de un puñado de dirigentes gremiales, con escasa vigilancia y control por parte del Estado, sin mayor transparencia (como bien lo anota la Misión), muchas veces a espaldas o en contra de los intereses de los mismos productores que pagan los impuestos privatizados.

Una manera adecuada de manejar los recursos públicos en el marco de la parafiscalidad es exigir que el presupuesto de los gastos cafeteros (o ganaderos) se apruebe en el Congreso de la República (como el de regalías) y se ejecute por medio de contratos anuales o bianuales entre el Gobierno y los gremios. Los gastos se reconocerían únicamente contra acciones ejecutadas —pago contra entrega—, tal como recomiendan las mejores prácticas. Así no se perdería el rastro de la plata.

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