Calladitos nos vemos más bonitos

Esta columna se publica hoy, 1° de mayo, día en que se celebran los derechos de los trabajadores, logrados gracias a miles de manifestaciones que se dieron alrededor del mundo, por lo que es pertinente reflexionar sobre las campañas de desprestigio que sufren las protestas sociales en Colombia.

El ejercicio de la protesta social es legítimo y necesario en una democracia. En Colombia es un derecho establecido en el artículo 37 de la Constitución que ha sido reiterado en repetidas ocasiones por la Corte Constitucional. Por ejemplo, la sentencia C-179 de 1994 dice que el derecho de reunión “ha sido concebido como una libertad pública fundamental pues constituye una manifestación colectiva de la libertad de expresión y un medio para ejercer los derechos políticos”. Esta misma sentencia determina que ni siquiera en el marco de la declaratoria del estado de conmoción interior el Gobierno puede tipificar como delitos los actos legítimos de protesta social. La sentencia T-571 de 2008, a su vez, establece la relación entre la democracia, la soberanía popular y el pluralismo con el derecho a protestar y manifiesta que la protesta es un medio idóneo para garantizar el disfrute de la dignidad humana y otros derechos fundamentales.

Sin embargo, a pesar de la claridad constitucional, la protesta es constantemente estigmatizada. Se generalizan los comportamientos de los saboteadores, en vez de capturarlos y judicializarlos, para poder culpar a los manifestantes de sus actos y así alimentar el odio a quienes protestan con derecho. El jueves pasado, por ejemplo, un noticiero dedicó 15 minutos de su corta emisión a mostrar cómo encapuchados rayaban paredes, sin siquiera mencionar el motivo de la marcha, y otros periodistas invitaban a marchar “sin afectar a los demás, sin bloquear vías, respetando a los que no quieren marchar”. En otras palabras, no griten, no hablen, hagan fila y caminen por el andén. O, mejor todavía, quédense en casa haciendo fuerza para que sus derechos no sean vulnerados y sus demandas sean atendidas.

Desde el inicio de la actual administración, altos funcionarios como el ministro de Defensa (hoy, nuevamente en el ojo del huracán por mentir y encubrir un atroz delito, lo cual irónicamente amerita salir a marchar para pedir su renuncia) expresaron públicamente que las protestas sociales son organizadas y apoyadas por mafias. La vicepresidenta también se ha dedicado a deslegitimarlas, diciendo que el país no puede permanecer en estado de protesta, mientras invita al pueblo venezolano a salir a las calles y no parar de protestar contra Maduro. Claro, las manifestaciones son buenas solamente si sus demandas coinciden con nuestros propios intereses.

Son incontables las protestas que han logrado beneficios para los ciudadanos. Sin ir muy lejos, las de los chalecos amarillos en Francia ya consiguieron que el gobierno de Macron estableciera políticas de bienestar para el grupo que ellos representan. Las estudiantiles de 2018 en Colombia obtuvieron el más alto presupuesto que haya tenido la educación superior en la historia del país. Por eso, en una democracia nunca debemos callar. Es muy peligroso para una sociedad empezar a ser partícipe, por comodidad, de expresiones de represión por pequeñas que parezcan. Es así como gobiernos democráticos poco a poco se convierten en Estados autocráticos.