Por: Indalecio Dangond B.

Cambiar el chip

Hace unos días hablé con un pequeño productor de maíz amarillo del departamento del Meta, quien me contaba que, con una inversión de $4,6 millones por hectárea, logró cosechar siete toneladas/ha. En un área de diez hectáreas, este agricultor obtuvo una utilidad neta de $31 millones en 120 días, equivalente a un ingreso de $7,7 millones mensuales.

En otra zona del país, esta vez en Santander, pude conocer a un productor de cacao que, con cinco hectáreas, obtiene ingresos netos mensuales de $2,9 millones. Su productividad supera los 1.500 kg por hectárea. En Boyacá, un pequeño productor con cinco hectáreas de papa y rendimientos de 25 toneladas/ha está obteniendo ingresos netos de $ 8,5 millones mensuales en un ciclo productivo de seis meses.

Si miramos la rentabilidad de la palma de aceite en María La Baja (Bolívar) o Tibú (Norte de Santander), un pequeño productor con 12 hectáreas y un rendimiento de 22 toneladas/ha obtiene ingresos netos mensuales de $3,4 millones. En Casanare y La Mojana, vi pequeños productores de arroz que, con diez hectáreas y un rendimiento promedio de seis toneladas/ha, obtuvieron ingresos netos de $3,3 millones mensuales. En el Quindío, Cauca o Sucre, un pequeño productor de yuca con cinco hectáreas y un rendimiento de 18 toneladas/ha puede obtener ingresos netos de $2,9 millones mensuales.

Podría seguir enumerando muchos casos más de agronegocios rentables alcanzados en el país, como consecuencia del empuje de productores visionarios del sector privado que resolvieron desarrollar sus proyectos productivos de manera empresarial con tecnologías sencillas, sin el acompañamiento del ICA, Agrosavia, Finagro, el Banco Agrario o las Umatas. Ellos ni siquiera saben que es una UAF (Unidad Agrícola Familiar), una Zona de Reserva Campesina o una Zona de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres), esas vainas que se inventan los legisladores para crear conflictos entre clases sociales y torpedear el desarrollo agropecuario en las zonas rurales del país.

El común denominador de estos productores eficientes ha sido la aplicación de buenas prácticas agrícolas en la corrección de suelos, manejo adecuado del recurso hídrico, diversificación de cultivos, adopción de nuevas biotecnologías y una relación comercial sólida con la agroindustria. Es el mejor seguro de riesgo que tienen contra la variación del clima y las importaciones subsidiadas de alimentos y materias primas que llegan de los países ricos a nuestro país.

Con este espíritu de pragmatismo es que ellos están sobreviviendo a esta economía globalizada. Hasta sacan ventajas de las oportunidades que ella ofrece. Ellos, en vez de esperar los perversos subsidios y los ineficaces programas de asistencia técnica pública, están corrigiendo sus propias ineficiencias. Ellos “están prendiendo la lamparita en vez de seguir maldiciendo la oscuridad”.

Si el Estado, el sector privado y gremial asumen el compromiso y la responsabilidad de formar, capacitar y organizar una nueva generación de agricultores profesionalizados, técnicamente más competentes, capaces de asumir la responsabilidad de corregir sus propias ineficiencias y ser protagonistas de la solución de sus problemas, el sector agropecuario se convertiría en el principal motor de desarrollo económico del país. Es el único camino que nos queda cuando no se dispone de recursos para hacer todo por todos.

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