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hace 8 horas
Por: Patricia Lara Salive

Cambiar la selección de jueces, más que reformar justicia

“¡Hay que hacer una reforma a la justicia!”, exclaman del presidente para abajo, ante los incesantes escándalos de la rama: primero fue el de los botines traídos de Italia por Giorgio Sale, socio de Mancuso, a José Alfredo Escobar, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura; después fue el reloj Rolex que recibió Yezid Ramírez, magistrado de la Corte Suprema, de un allegado de la mafia.

Más tarde fue el carrusel de las pensiones; luego se conoció la designación, como magistrado de la Corte Constitucional, de Alberto Rojas Ríos, quien no ha logrado explicar qué hizo con el dinero que le entregaron para que le pagara una indemnización a una apoderada; después fue el crucero por el Caribe que tomó, con aspirantes a ocupar vacantes de su corporación, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia; recientemente resonó el escándalo del cartel de Paloquemao, conformado por funcionarios judiciales que les asignaban a los jueces integrantes del cartel los procesos para que fallaran según el acuerdo pagado a que hubieran llegado, y, por último, fue el destape de la promesa que el magistrado Henry Villarraga, del Consejo Superior de la Judicatura, le hizo a un coronel que está siendo juzgado por falsos positivos, en el sentido de que lograría que su proceso fuera trasladado de la justicia ordinaria a la penal militar. Todo eso para no hablar de la elección, impulsada a punta de clientelismo, de ese “guardián de la moral” que se considera el procurador general, Alejandro Ordóñez.

Y ante cada escándalo se pregona que hay que hacer una reforma constitucional urgente, que transforme la justicia.

Pero hay una salida mucho más sencilla y eficaz, de la que ya se ha hablado en esta columna: elaborar un estatuto de acceso al poder judicial, que se aprueba mediante ley estatutaria y se tramita en una sola legislatura, que establezca que, aparte del conocimiento y de la capacidad de comprensión jurídica, hay que evaluar, principalmente, bajo parámetros científicos, justo lo que no se examina hoy: el equilibrio psicológico y los principios éticos de los aspirantes, la certeza de que no transgrederá las normas, su vocación de servicio y sus relaciones con los demás. Una vez el candidato apruebe esos puntos, se le realizarían un estudio de seguridad y una concienzuda visita domiciliaria y familiar. Así, quienes pasen el proceso pertenecerían a un selecto grupo de profesionales de bien.

Es que ahora no existe un buen sistema de selección de los aspirantes a administrar algo tan sagrado como la justicia: un examen de conocimientos está muy lejos de evaluar al hombre integral. Por ello hoy hay en la Rama Judicial tantos jueces, magistrados y fiscales sobornables y corruptos. Por eso están muy lejos de constituir lo que deberían ser: la élite de seres humanos virtuosos que administran justicia.

Como afirmó la abogada Victoria Campo, a quien una vez cité aquí, “ninguna reforma será viable si no se diseña un sistema eficiente de selección del recurso humano. Pueden expedirse normas que cambien procedimientos, señalen más causales, acorten o alarguen términos o períodos, aumenten edad, creen más tribunales, impongan instancias... Pero si esas leyes las siguen aplicando los mismos seres humanos que hoy administran justicia, estamos destinados al fracaso”.

En conclusión, pues, no se requiere ninguna reforma a la justicia, porque no se necesita cambiar la institución sino las personas que la integran.

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