Por: Cecilia Orozco Tascón

¿Cambiar a Villarraga para que todo siga igual?

El Presidente acaba de perder una oportunidad de oro con la terna que envió al Congreso para reemplazar al sujeto Henry Villarraga en el Consejo de la Judicatura.

El mandatario demostró que no tiene verdadera voluntad política para enderezar el torcido esquema de nombramientos en las cortes. Hay que hacer una salvedad: entre los postulados brilla el nombre de Néstor Iván Osuna, director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado, un académico pulcro que honraría al que antiguamente se merecía el título de Palacio de Justicia. La segunda en la terna, fiscal Martha Luz Reyes Ferro, despierta dudas: su larga trayectoria judicial parece acreditarla. Sin embargo, revisando su hoja de vida se encuentra que fue la asesora del polémico fiscal general Luis Camilo Osorio, del que no diré más. Reyes también favoreció al secretario jurídico de la Presidencia Edmundo del Castillo con una preclusión en la investigación por recibir a dos empleados de alias don Berna en la Casa de Nariño: alias Job y el abogado de narcos Diego Álvarez.

Alguien podría señalar que Reyes no hizo sino lo que el Código Penal le indicaba. Pero sobre Job no podía argumentar, como si se tratara de un ciudadano común, que “se trataba de una persona a quien la Justicia no estaba requiriendo y (que) de su pasado no se tenía ningún referente legal que lo inhabilitara para acudir ante los organismos estatales a elevar sus peticiones”. ¡Por Dios! ¿La fiscal no tenía “ningún referente” de la “oficina” de sicarios de Envigado y de los oficios que ejecutaban los subalternos de don Berna? Y aunque no lo supiera, ¿eso era suficiente para afirmar que Job le estaba “elevando una petición” neutra a del Castillo? Fiscal Reyes: con la sola lectura de noticias usted se hubiera podido enterar de que el ‘santo’ Job hacía parte de una conspiración criminal contra la Corte Suprema cuando ésta llevaba a la cárcel a los parapolíticos. Su criterio jurídico me despierta temor.

El tercer candidato, Luis Manuel Neira Núñez, es el más desconcertante. Es el actual secretario general del Ministerio de Defensa. No hay que perder el foco: quien resulte elegido de esa terna, ocupará el puesto de Villarraga, que tuvo que renunciar cuando se evidenció que trataba de favorecer a un coronel procesado por falsos positivos, pasando su caso de la justicia civil a la militar. La Sala Disciplinaria, en donde está la silla vacía, es precisamente la que dirime los conflictos de competencia. Sale Villarraga, oficial de la reserva del Ejército, ¿para que llegue en su lugar un subalterno directo del ministro de Defensa? En castellano puro, eso se llamaría ser juez y parte ¿Esa es la reforma a la Justicia que desea el Ejecutivo? Flaco servicio les hacen los civiles a los militares buscando atajos para favorecerlos cuando podrían tener buenas razones para defenderlos. Cuentan que Neira tiene asegurada su elección porque ya se reunió con los actuales miembros de la Sala Disciplinaria Wilson Ruiz y Angelino Lizcano para trazar la estrategia que le garantice la mayoría de votos parlamentarios.

De Lizcano se sabe que fue empleado del Congreso durante muchos años. Y de Ruiz, se acaban de difundir (ver en www.noticiasuno.com) los audios de conversaciones —grabadas legalmente— entre funcionarios que intentaban traficar procesos y que lo mencionaban o hablaban con él. Él alega que lo investigaron y archivaron el caso. Habrá que volver sobre este delicado tema. Entre tanto, todos los involucrados en este nuevo intento de ponerle conejo a la opinión deberían saber que la indignación ciudadana no puede ignorarse indefinidamente y que algún día ellos también serán juzgados, tal vez, por otros operadores judiciales menos laxos.

 

 

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