Por: Andrés Escobar

Cambios institucionales

El 4 de mayo fue promulgada la Ley 1444, que escinde tres ministerios y otorga facultades extraordinarias al presidente para reorganizar, durante seis meses, la Rama Ejecutiva del nivel central y modificar la planta de personal de la Fiscalía si ésta llegara a recibir funciones del DAS.

Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo recientemente aprobado exceptúa a las entidades públicas nacionales de la aplicación de las restricciones previstas en la Ley 617 de 2000 en cuanto a crecimiento de gastos de funcionamiento. En virtud de estas dos medidas, durante seis meses se contará con un amplio margen de maniobra para repensar la organización y planta de personal del Gobierno Nacional.

La batalla para lograr estas aprobaciones en el Congreso no fue fácil, pero lo realmente difícil es lo que viene. La fusión de ministerios que se llevó a cabo durante el gobierno anterior no fue acertada y deshacerla no es, ni mucho menos, tan simple como volver a la situación anterior. Además, algunas entidades que se crearon durante el gobierno pasado necesitan cirugías profundas.

Un caso claro es el Instituto Nacional de Concesiones (Inco), que debe repensarse por completo para que el desarrollo de infraestructura con participación privada tenga a la cabeza una organización acorde con las intenciones bien encaminadas de la actual directora de la entidad.

Habrá en el futuro nuevas reestructuraciones del Estado, que no pueden pensarse como inmutables frente a las cambiantes demandas de la sociedad. Sin embargo, el voto de confianza del Congreso en el Ejecutivo amerita el más serio de los ejercicios. En este caso, se debe pensar en las entidades que se necesitan y no tanto en las que la restricción fiscal ordene.

Aquí sí que es cierto que lo barato saldría caro. Los miles de millones de pesos en gastos anuales adicionales que implicará la nueva arquitectura institucional terminarán ahorrándole al fisco billones de pesos si el ejercicio es juicioso. Mejorar la defensa judicial del Estado sería un claro ejemplo de lo anterior. Ojalá el Gobierno ya haya pensado con todo el juicio lo que va a hacer, porque el voto de confianza es, en realidad, de todos los colombianos.

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