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Por: Rodrigo Uprimny

Campesinos, deforestación y cambio climático

Hace dos semanas, el 21 de febrero, 20 campesinos fueron detenidos en La Macarena en una operación conjunta de la Fuerza Pública y la Fiscalía que, según comunicado de las autoridades, buscaba controlar la deforestación y cumplir con la sentencia 4360 de 2018 de la Corte Suprema. Esta sentencia, fruto de una acción de tutela apoyada por Dejusticia, ordenó al Gobierno tomar medidas contra la deforestación para que Colombia cumpla con sus compromisos del Acuerdo de París frente al cambio climático. Todo esto parece muy positivo, pero en realidad es muy negativo.

Está muy bien que Colombia haga esfuerzos para combatir el cambio climático, que es uno de los riesgos más graves que enfrenta el mundo. Colombia es muy vulnerable al calentamiento global.

Igualmente es positivo que esa estrategia contra el cambio climático pase por la lucha contra la deforestación y la destrucción de nuestras selvas, pues así podemos lograr varios objetivos ambientales: no solo disminuiríamos los gases de efecto invernadero, por la capacidad de los árboles de retener el CO2, sino que además protegeríamos la biodiversidad de nuestras selvas y su capacidad regulatoria de los ciclos del agua. Es igualmente positivo que los jueces se comprometan en la lucha contra el cambio climático y contra la deforestación.

Finalmente, también es positivo que la Fiscalía y la Fuerza Pública, que a veces son reacias a acatar ciertas tutelas, se muestren interesadas en cumplir activamente con esta sentencia de la Corte Suprema.

Si todo eso es tan positivo, ¿por qué este operativo deja tan mal sabor? Y la respuesta es simple: porque incluso si buscara todos esos nobles propósitos (a veces dudo que los busque), ese operativo no parece eficaz, justo ni cumple adecuadamente con la sentencia 4360 de la Corte Suprema.

Ese operativo, que es al menos el tercero de ese tipo, pues hace algunos meses hubo otros semejantes en Chiribiquete y Putumayo, no es eficaz pues no está realmente dirigido contra los principales deforestadores. Este operativo es además injusto pues afecta desproporcionadamente a campesinos que han ocupado zonas ambientalmente protegidas no por gusto, sino impulsados por la necesidad económica. Colombia tiene una de las estructuras de tenencia de la tierra más injustas del mundo, lo cual ha llevado a muchos campesinos sin tierra a colonizar estas zonas ambientalmente protegidas. Y ahora llegan las autoridades a expulsarlos de estas zonas y detenerlos, sin ofrecerles alternativas de existencia dignas, cuando los propios campesinos han presentado, desde hace años, propuestas para armonizar su situación con la regulación ambiental.

Y, por supuesto, este operativo tampoco cumple con la sentencia de la Corte Suprema, que le pide al Gobierno que no se limite a realizar acciones policiales contra los más débiles, sino que enfrente, en forma integral y con mecanismos participativos, las causas estructurales de la deforestación. Pero este tipo de operativos son todo lo contrario: no tienen nada de participativos ni atacan las causas estructurales de la deforestación, sino que se limitan a reprimir a campesinos en situaciones de vulnerabilidad.

Ojalá el Gobierno reoriente su estrategia de lucha contra la deforestación y decida cumplir genuinamente con la sentencia de la Corte Suprema, concentrando sus esfuerzos en combatir a los grandes deforestadores y remover los factores estructurales de deforestación. Y también escuche a los campesinos y acuerde con ellos soluciones alternativas, que eviten la deforestación, pero garantizándoles una vida digna.

*Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

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