Por: Catalina Ruiz-Navarro

Campos de concentración

Hace poco se conoció el testimonio de la migrante guatemalteca Yazmín Juárez, cuya bebé, Mariee, murió bajo custodia por una infección respiratoria que adquirió en los hacinados centros de retención, en los que dormían en el piso. El médico que vio a la bebé solo le recetó un Tylenol. Hoy, Juárez ha demandado al gobierno estadounidense por US$60 millones, pero desde diciembre ya se cuentan cinco niños y niñas migrantes que han muerto en y por los centros de detención. A finales de junio la joven congresista Alexandria Ocasio-Cortez llamó a los centros de detención de migrantes (particularmente centroamericanos) en Estados Unidos “centros de concentración”. Como es un término tremendamente cargado, las declaraciones generaron controversia y, como era de esperarse, varios miembros del Partido Republicano la acusaron de “trivializar el Holocausto”. La historiadora judía Anna Lind-Guzik publicó en la revista Vox un ensayo explicando cómo el término “campos de concentración” es preciso para describir las formas violatorias de derechos humanos en que los y las migrantes están siendo detenidas, separando familias y encarcelando niños y niñas. Lind-Guzik define el término como “la detención indefinida y sin un juicio de miles de civiles en condiciones inhumanas y bajo una guardia armada, sin suficientes provisiones ni cuidados médicos adecuados”. En su ensayo cita a George Takei: “Yo sé lo que es un campo de concentración. Estuve en dos, en Estados Unidos. Y sí, estamos haciéndolo de nuevo”, refiriéndose a la detención masiva de americano-japoneses.

Lo más terrible es que, aunque indiscutiblemente inhumana, esta es una práctica común con la población migrante. En España, como conté en este periódico en una columna de 2012, “los inmigrantes ilegales son detenidos en centros de internamiento de extranjeros, o CIE, por encontrarse en ‘situación administrativa irregular’. Estos lugares son instalaciones públicas de carácter no penitenciario donde se retiene, con el objeto de facilitar su expulsión, a los migrantes en situación irregular, privándolos de libertad durante un período que se supone debe ser máximo de 60 días. Como estos centros no son propiamente cárceles, las personas detenidas entran en una especie de limbo legal. Rara vez ven a los abogados que les asignan, casi no les permiten visitas o usar el teléfono, y quedan a merced absoluta del capricho de los guardias y en las peores condiciones de salud y hacinamiento. Varios internos han contado cómo, por ejemplo, por las noches no les abren la puerta para ir al baño y tienen que usar un lavamanos, a la vista de todos, el mismo en el que lavan su ropa”.

Pero miento, esto no sucede con todos los migrantes. Sucede con la población migrante racializada, pobre y en condiciones vulnerables. Que no se nos olvide que ICE no toca a la puerta de las familias canadienses para revisar si entraron de forma legal al país. Para que tantas violaciones de derechos humanos se puedan cometer contra un grupo de civiles indefensos es necesario que esos grupos se construyan como un otro radical, que puede ser deshumanizado. Y esa construcción violenta de ciertos grupos migrantes como otros se está convirtiendo en una tendencia mundial. Sin ir más lejos, los discursos xenófobos en Colombia ya pasaron de las conversaciones orales a las páginas de opinión de los periódicos más leídos del país. Bueno, nuestro representante en la OEA no tiene empacho en decir que el éxodo venezolano es una conspiración socialista. Esto es muy grave, porque es xenofobia frentera en los discursos hegemónicos y sería ingenuo creer que no tiene un impacto social.

Las personas migrantes no llegamos a otros países a invadir o a quitar. Nadie sale de su lugar de origen, nadie deja su familia y red de afectos para irse a otro país en donde tendrá menos derechos, para trabajar el triple y ganar la mitad, si no es con la convicción plena de que se está buscando una vida mejor.

@Catalinapordios

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2019-07-17T15:06:45-05:00

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2019-07-17T17:13:44-05:00

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