Campus multiuniversidades para cobertura regional

17 departamentos están muy rezagados, pero una “innovación disruptiva” podría cambiar esta historia.

El país tiene una cobertura en educación superior del 52,8% (2018), y 17 departamentos con 20 puntos porcentuales o más por debajo, desde siempre. Convivimos perfectamente con eso. La meta del Plan Nacional de Desarrollo era llegar al 60% en 2022, lo que no iba a cambiar la situación de los departamentos rezagados.

Pero no es cuestión de un gobierno en particular. Es que nuestro crecimiento mediocre tiene las responsabilidades bien repartidas. La solución para el problema de inequidad regional en la educación superior no es la oferta estatal (comenzando por la razón fiscal), pero tampoco dejarlo a la oferta privada, como hemos visto.

Estos son los departamentos rezagados: pongo de primero Cundinamarca (31,9%), porque cómo será entonces en Arauca (8,9%), Córdoba (23,9%), Magdalena (26,3%), Nariño (24,2%), Caquetá (22,4%), Casanare (25,4%), Putumayo (11,6%), Sucre (28,4%), Chocó (24%), La Guajira (21,4%), San Andrés Islas (21,8%), Guaviare (18,6%), Vaupés (3,5%), Vichada (7,2%), Guainía (9,9%) y Amazonas (7,6%).

Sin una innovación disruptiva, este medio país seguirá en la tendencia. Mi idea es que el Estado lidere la provisión de la infraestructura física y tecnológica necesaria y establezca el marco para que universidades públicas y privadas acreditadas concurran con oferta de programas en campus compartidos en esos departamentos. La administración de la infraestructura no es el core de la educación y puede ser delegada.

La nueva infraestructura recogería dos lecciones del COVID-19: i) la presencialidad es insustituible para ciertos efectos educativos, y ii) la virtualidad ofrece posibilidades inestimables. Se requieren más recintos grandes para clases magistrales vía remota de los mejores profesores, divisibles en salones pequeños para tutorías y debates presenciales. La obsolescencia de la infraestructura educativa se aceleró con el COVID-19.

Es más viable dotar campus con la más alta conectividad y tecnología que pretender que los estudiantes las tengan en su casa. Los jóvenes de Arauca, por ejemplo, podrían cursar programas conjuntos de los Andes y la Nacional, Univalle y la Javeriana, la de U. de Antioquia, Uninorte e Icesi, con la calidad de sus profesores titulares en pantalla gigante e incluso con profesores auxiliares que viajen, mientras se crea la capacidad local.

Esos programas conjuntos no tendrían que ser los mismos que muestran un cierto agotamiento de modelo en las grandes ciudades. La creación de oferta permite innovar más ampliamente. ¿Por qué harían algo así las mejor calificadas universidades acreditadas? Porque si se proporciona la infraestructura habría un mercado nuevo, con costos más bajos y matrículas más accesibles, y porque el marco legal podría dar los incentivos correctos.

La financiación de los campus puede ser público-privada, siempre que aceptemos que fiscalmente prima la educación inicial sobre la superior. En un ejercicio con datos de 2015 y 2016, eran 697 los municipios con una tasa de tránsito inmediata a la educación igual o inferior a 30% (estaba en 38% la nacional). Esto supone otro reto enorme, como la cobertura (y la calidad) de la educación media.

El problema es que, por ahora, cuando se habla de reformas estructurales poco se menciona la de la educación.

@DanielMeraV