Por: Juan Carlos Gómez

Candidatos por televisión

Desde 1970 no se vivía un ambiente electoral tan pugnaz como el actual.

Tantos años después, la gran novedad es la influencia que tendrán las redes sociales para definir el rumbo político que tome el país. Con todo, la televisión seguirá siendo esencial para la formación de la opinión pública, aun en medio de las injustificadas limitaciones que se le imponen.

En cuanto al acceso al servicio de televisión por parte de los partidos y movimientos políticos, el ordenamiento jurídico le otorga amplias competencias al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Históricamente el cumplimiento de su tarea no ha sido afortunado. La conformación del CNE refleja la actual representación de las diversas fuerzas políticas. Así, no hay mucho que esperar del rigor jurídico con el que vaya a resolver las innumerables controversias que seguramente se presentarán en los próximos meses. En general, la entidad estará más pendiente de la milimétrica: asuntos como cuántos minutos le dedique un determinado noticiero a tal o cual candidato.

La gran víctima de esta forma de control puede ser la libertad de información, como lamentablemente ha sucedido en otras oportunidades. En 2004, por cuenta del CNE y de los comisionados de televisión, los noticieros fueron víctimas del derecho de réplica por la simple difusión de una noticia sobre las afirmaciones del entonces presidente Uribe, respecto de la intervención del M-19 en el holocausto del Palacio de Justicia.

Este antecedente es motivo de vergüenza para un país que se ufana de garantizar la libertad de información.

Hay que advertir que muchas normas en Colombia implican, en la práctica, la censura de la información política, sobre todo en televisión abierta, lo cual es una injustificada asimetría en el estado actual de la tecnología.

Aparte del CNE, otra entidad del Estado que tiene decisivas competencias en cuanto al acceso de partidos y movimientos políticos al medio es la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV). Su precariedad institucional suscita serios temores acerca de la oportunidad y criterio con que pueda resolver las disputas que se generen en el próximo debate electoral. La libertad de informar y el interés público están en peligro.

 

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