Caos en el Ministerio de Agricultura

Al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no se le está dando la importancia que merece, se encuentra en tal caos administrativo que es preocupante y triste tener que hacer estas denuncias.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, tal cual está funcionando, no pasa de ser una vergüenza para los usuarios y el país; de continuar como va, preferible que cierre sus servicios, mientras se reorganiza como debe ser.

No se justifica, por ejemplo, que después de casi tres meses de ser aprobada por la ONU la declaración de los derechos para el campesino, y que Colombia se abstuvo de votar por física ignorancia de quién nos representaba en esos momentos, el actual ministro no se haya tomado la molestia de explicar a la opinión pública qué fue lo que sucedió, para así buscar en forma concertada una solución a tan delicada situación.

Como consecuencia de lo anterior, la grave crisis cafetera que se está viviendo es consecuencia de no adoptar políticas coherentes para el sector rural, especialmente para los caficultores que, en los actuales momentos, están temerosos de que los precios del grano continúen en caída.

Empezando porque con el señor ministro de Agricultura y Desarrollo Rural es imposible conseguir una cita, ni tampoco aporta soluciones a los graves problemas que está afrontando tan importante cartera ministerial, que es la que, según el actual Gobierno, solucionará en parte los problemas de los habitantes de la Colombia rural.

Nadie se explica por qué algunos proyectos que han sido presupuestados finalmente no se realizan, pero los dineros aportados no aparecen por ninguna parte. Es importante que quienes se hayan visto perjudicados de esta forma denuncien, con el fin de que se inicien las investigaciones pertinentes. Citemos algunos casos de por qué el ministerio en mención es un caos:

1. Programa de reforzamiento estructural: se inició en el año 2014 a un costo de $49.000'000.000 (cuarenta y nueve mil millones de pesos). A la fecha de hoy sin finalizar tal gestión el contrato aumentó el valor a $63.000'000.000 (sesenta y tres mil millones de pesos).

2. Contratistas y personal de planta: son 684 contratistas de diferentes órdenes y modalidades, con vigencia al 31 de diciembre del 2018. A la fecha de hoy 27 de febrero del 2019, los contratos no se han renovado, los contratistas poseen toda la información técnica y legal por fuera del ministerio.

En cuanto a los funcionarios de planta que son 202, no tienen ninguna función que hacer a la fecha, puesto que son los que manejan la parte administrativa de los contratistas.

3. Puerta giratoria en Minagricultura: varios de los funcionarios que prestaron sus servicios en el antiguo y vergonzoso Incoder están ocupando altos cargos en dicho ministerio. Así mismo, varios de los que acompañaron al exministro Andrés Felipe Arias en el descache de Agro Ingreso Seguro (AIS).

4. La Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras prácticamente se encuentran paralizadas, después de tres años no arrancan. Existe una planta de funcionarios que devengan, pero no tienen funciones.

5. Poca y deficiente atención a los campesinos: empezando porque muchas veces los citan y finalmente no les cumplen. La parte estructural del edificio no posee ascensores, nuestros campesinos cuando tienen suerte de ser atendidos, para tomarlos del pelo, tienen que hacerlo subiendo gradas.

6. Vivienda rural campesina: considero que si los organismos de control hicieran una severa investigación en esta dependencia se llevarían grandes sorpresas, puesto que los programas que allí se anuncian no pasan de ser un engaño.

7. Presupuesto para impulsar el cultivo e industrialización del fique: desde el mes de noviembre del 2017, el ministro de la época, doctor Aurelio Iragorri, autorizó presupuesto de $200'000.000. (doscientos millones de pesos) para promover el cultivo e industrialización del fique en el municipio de Aranzazu, Caldas. Para finales del 2017 desembolsaron $30'000.000 (treinta millones de pesos), quedando un pendiente de $170'000.000, que según la directora de la cadena productiva del fique, Yennifer Castillos, se desembolsarían en el mes de mayo del 2018, lo que nunca ocurrió; como consecuencia de esta irregularidad se le dio traslado a la oficina anticorrupción de la Presidencia de la República, que a su vez dio traslado a la Secretaría General, que después de más de un mes aún no da ninguna explicación sobre qué camino cogieron estos dineros.

Si al sector rural, del cual dependemos todos los colombianos, no le ponemos cuidado, podemos estar seguros de que la paz no prosperará en nuestro país.

Continúo sosteniendo que hay una serie de instituciones del sector rural y ONG que deben ser liquidadas, puesto que no están prestando ningún servicio a los campesinos, muchas de ellas se quedan con los incentivos que aporta el Gobierno Central para los procesos de desarrollo rural.

Como consecuencia de lo anterior, el Estado debe acercarse más al campo y al campesino, puesto que a través de las Umata y juntas de acción comunal podría ser más eficiente y económico.

urielos@telmex.net.co