¿Cómo avanza la reincorporación de excombatientes en el Cauca?

hace 2 horas
Por: Columnista invitado EE

Capacidad legal igual: un cambio paradigmático

Por: Juliana Bustamante Reyes*

El pasado 26 de agosto de 2019, el presidente Duque sancionó la Ley 1996 "por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad". La ley desmonta una tradición jurídica ‘de marras’ --como dicen algunos abogados-- que condicionaba el ejercicio de la capacidad jurídica a la no existencia de una discapacidad, para el caso de personas mayores de edad.  Aunque este no es un cambio menor, existe un sector de personas y organizaciones genuinamente interesadas en el tema que, de manera constructiva, han presentado sus cuestionamientos y preocupaciones en torno al cambio de normatividad y se han dado a la tarea de buscar respuestas, encontrar salidas a asuntos no resueltos y generar debates constructivos para implementar la normatividad. Las criticas más fuertes a la nueva normatividad que parecen ser, en buena medida, producto del desconocimiento específico de los fundamentos y las herramientas que desarrolla la ley para cumplir con el propósito de reconocimiento de derechos que constituye su fin primero y último.

La ley de capacidad jurídica de personas con discapacidad mayores de edad es la respuesta del Estado colombiano a la obligación que adquirió el país al ratificar en el 2011 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  La Convención, que fue el primer tratado de derechos humanos adoptado en este siglo, fue el producto de un trabajo coordinado de las personas con discapacidad que participaron masiva y directamente en su redacción y que lograron recoger en un convenio internacional sus preocupaciones reales y reclamos, sin la intermediación de siempre. De hecho, ese modelo de participación en la negociación de un tratado internacional, en buena medida, muestra la necesidad de transformar la manera como la sociedad y la comunidad internacional deben abordar la discapacidad.

El nuevo paradigma reconoce a la persona con discapacidad como sujeto pleno de derechos y le reconoce su capacidad de goce y de ejercicio en condiciones de igualdad con las demás personas. Es decir, en adelante, la capacidad jurídica es una presunción que se predica de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad. El artículo 12 de la Convención que es el que específicamente desarrolla la ley 1996 al reconocer la igualdad de capacidad de todas las personas ante la ley, establece que el núcleo de la capacidad legal está en la voluntad y preferencias de la persona que, en el caso de las personas con discapacidad, tomará sus decisiones con apoyos específicos, contando con una serie de salvaguardias que la protejan de posibles abusos. De esta manera, bajo una perspectiva de dignidad, igualdad y no discriminación, se termina la arbitraria asociación que existía entre la capacidad legal y la capacidad mental y, así, con la incapacitación por motivo de discapacidad.

Con la Ley 1996 se ratifica que el modelo social de la discapacidad es el que rige en Colombia y que la Convención es un mandato vinculante, que hace parte del bloque de constitucionalidad, como la propia Corte Constitucional lo ha venido reconociendo en sus decisiones. En consecuencia, en el entendido de que las figuras sustitutivas de la voluntad constituyen una barrera para el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, se hace necesario acabar con figuras que precisamente hacían eso, como la interdicción.

En adelante entonces, las personas con discapacidad no están en manos de un tercero que todo lo hace y decide por ellas, sino que participarán en la toma de decisiones a través de esquemas de apoyo que considerarán sus necesidades particulares, convirtiéndolas en el centro de sus propias vidas. En efecto, mediante una valoración individual que deberá ser reglamentada, se podrán establecer las necesidades reales de asistencia de la persona específica, sin vulnerar ni negar los demás derechos que tiene.

La puesta en marcha de esta ley tiene muchos retos, que empiezan por la socialización de su contenido que enfatice en el hecho de que lo que esta normatividad busca es que la persona tenga acceso a unos apoyos que escoja o le sean establecidos mediante un procedimiento determinado, con la intensidad que requiera para el ejercicio de ciertos derechos, sin que ello signifique negarle otros derechos que tiene y a los que no tiene por qué renunciar.

Con esto se transforma la visión de la discapacidad asociada con la incapacidad, para pasar a entenderla desde una perspectiva normalizada: es equiparable a lo que ocurre cuando cualquier persona que no sabe de inversiones o finanzas tiene un dinero para invertir y solicita el apoyo de una persona que conozca de esas materias para tomar una decisión al respecto. Y para los casos difíciles, la interpretación de la voluntad y preferencias de la persona por quienes sean sus seres más cercanos, deberán orientar las decisiones que se tomen en relación con la persona cuando, por ejemplo, se encuentre en un estado de coma profundo.

El desafío que ahora se impone en este período de transición hacia la transformación es esencialmente de capacitación y reglamentación. El Ministerio de Justicia deberá capacitar notarios y conciliadores extrajudiciales, el Consejo Superior de la Judicatura a jueces y magistrados, en tanto que el ente rector del sistema nacional de discapacidad tiene la responsabilidad de expedir los lineamientos para la valoración de apoyos que deberá adelantarse al momento de determinar si se requieren y adjudicarlos. Además, existen tiempos precisos para el Ministerio de Trabajo, la Defensoría del Pueblo, las personerías, autoridades locales y entidades territoriales entre otras, para adelantar gestiones en lo de su competencia. Ese trabajo debemos apoyarlo abogados, en especial civilistas, organizaciones de la sociedad civil, gremios de sectores como el notarial, banquero, pensional y de salud. Tenemos que poder encontrar la manera de hacer realidad las disposiciones de una ley que pone de presente la necesidad de que el derecho se entienda como uno solo, cuyo sentido se funda en estar al servicio, en primer lugar, del respeto y el reconocimiento de la dignidad igual de todas las personas.

* Directora, Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social -PAIIS-, Universidad de los Andes
 

 

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