Por: Santiago Villa

Capturas sobre cáscaras de huevo

Algo huele mal en las capturas realizadas por el atentado en el Centro Andino. En sus declaraciones, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, reveló un choque entre la Fiscalía y los jueces de garantías: “El pasado 16 de marzo, dos de las personas capturadas en el día de hoy fueron capturadas con explosivos en sus manos, y con mapas que acreditarían que estaban perpetrando una actividad claramente terrorista”, dijo cuando presentó a los ocho capturados.

Un día antes del atentado, es decir el viernes 16 de junio, la Fiscalía General habría insistido en la captura del “explosivista”, una palabra medio inventada, que hacía parte de un nuevo grupo con un nombre no menos forzado: el Movimiento Revolucionario Popular.

Asumiendo que el Mrp existe —con su caricaturesco “comandante Mao”, sus comunicados de gramática pulida y mensaje sin audacia, calcando lo que podría decir una columna de opinión mediocre—, éste sería responsable por la cadena de atentados en los que han asesinado a cualquiera menos sus enemigos naturales, los maquiavélicos oligarcas y políticos, como suele suceder con las acciones de los movimientos que gustan de llamarse revolucionarios.

El juez de garantías legalizó la captura por el delito de porte de material de uso privativo de las fuerzas armadas, pero no por el delito de terrorismo. No he visto los documentos de legalización de la captura, pero hasta donde tengo entendido no se aceptó la acusación de terrorismo porque no se había cometido un acto terrorista.

No sé si en esta discusión me estoy perdiendo de algo, porque los conocimientos jurídicos de Néstor Humberto Martínez son infinitamente superiores a los míos —yo ni siquiera soy abogado—, pero su queja no tiene sentido. El error no fue del juez de garantías. Es obvio que a una persona no la pueden acusar de terrorismo (art. 343 del Código Penal) por tener material explosivo, pues para ello tendría que haber puesto la bomba. No pueden acusar de homicidio a alguien que va por la calle con una ametralladora que no ha disparado. Eso fue lo que dijo el juez de garantías, y por eso se cayó la solicitud de medida de aseguramiento.

Lo que habrían debido es pedir la medida de aseguramiento por el delito de concierto para delinquir (art. 340 del Código Penal), pues con ello no tendría que haber un hecho terrorista que justificara el delito. Tenían para justificar el concierto para delinquir que querían poner las bombas que tenían en la mano, en los lugares que decía el mapa, y listo. ¿Por qué no lo hicieron?

Quizás no había suficientes pruebas o indicios. Quizás la Fiscalía y la policía desestimaron el peligro de la amenaza e hicieron una judicialización débil. Si éste es en realidad el personaje que la Fiscalía dice que es, lo cual está muy lejos de estar demostrado, no necesariamente es responsabilidad del juez de garantías que no lo hayan podido arrestar en marzo por tener explosivos. Tal vez si el juez hubiera visto un caso sólido, otro habría sido el desenlace. No hace falta, como dice el fiscal Martínez, hacer una reforma legislativa para poder judicializar a un delincuente.   

La versión del fiscal general no me termina de convencer. Es posible que el fiscal Martínez esté, en retrospectiva, inflando el valor de una captura que en su momento no parecía importante. Eso es lo que parece demostrar que, si pensaban que el especialista en explosivos del Mrp era un blanco de tan alto peligro, a pesar de que debía presentarse cada 15 días al juzgado como parte del proceso que se le estaba abriendo, la Fiscalía esperara 90 días para quejarse de que no se presentaba. ¿Por qué no procedieron a capturarlo a los 30 días?

Así las cosas, la Fiscalía y la policía nos desfilan ante las cámaras a ocho jóvenes universitarios o graduados de universidades públicas, que trabajan en derechos humanos, ONG y el Bienestar Familiar. He seguido de cerca en mi carrera periodística varios casos de personas a quienes la Fiscalía y la policía logran condenar, incluso sabiendo que esas personas probablemente no son culpables. En todos los casos que he seguido han sido personas acusadas de terrorismo. Es importante partir de la presunción de inocencia y seguir con lupa el desarrollo de este juicio. Si se prueba que son culpables pues que paguen la condena, pero insisto, algo huele mal.

Twitter: @santiagovillach

 

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