CAR, ciudadanía y responsabilidades

SIN DUDA LA OLA INVERNAL NOS HA SAcudido a todos, y es bueno que dentro del sacudón, también estén las CAR.

Según la Ley 99 del 93, en sus artículos 30 y 31, dice que las CAR tienen por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, y cumplir y hacer cumplir las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. Además, es función de las CAR ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo, PND, y el Plan Nacional de Inversiones. En la versión preliminar del PND, el presupuesto de las CAR no está mencionado ni direccionado. Es importante que tanto el Gobierno Nacional como el Ministerio de Medio Ambiente, de manera autocrítica, revisen cómo han faltado en el cumplimiento de sus funciones respecto de las CAR y por qué ellas han girado como ruedas sueltas. Desde esta perspectiva se aplaude la preocupación presidencial y del Consejo de Ministros de repensar a las CAR. Es esencial que el anunciado Ministerio de Medio Ambiente sea fuerte, con capacidad de intervención y propuestas técnicas claras, pero también con espacio político frente a otros sectores y con respaldo desde presidencia para que actúe como eje articulador de la propuesta de desarrollo. Con la ola invernal, Gobierno y ciudadanía estamos entendiendo que la gestión ambiental es prioridad nacional, que la definición y puesta en marcha del ordenamiento ambiental es requerimiento de vida, aunque durante años haya sido letra muerta o instrumento legal usado por politiqueros y negociantes.

La ineficiencia de las CAR también es responsabilidad de la sociedad civil, pues en sus consejos directivos tenemos parte las organizaciones no gubernamentales, el sector privado, representantes de comunidades indígenas y etnias tradicionales y en algunos casos los centros de investigación y las universidades. Lamentablemente, la falta de veeduría ciudadana y de vigilancia gubernamental ha permitido que la estructura democrática de los consejos directivos de las CAR no haya funcionado como se previó.

La reforma no es fácil pero la oportunidad es muy importante pues es quizá la primera vez en la historia del país que los colombianos reconocen que el desorden en la ocupación del espacio (evidente) y una gestión ambiental adecuada tienen un impacto enorme sobre el desarrollo económico y el bienestar social. Esperamos que como reacción positiva a los estragos generados por la desatención de todos y todas a la gestión ambiental, surja una posición desde el Gobierno Central que vigorice la institucionalidad pública ambiental y que genere espacios reales para que la sociedad civil acompañe de manera efectiva la supervisión en el uso de los recursos públicos orientados a la gestión ambiental, para que nunca más la gestión ambiental vuelva a ser considerada una parte marginal de la gestión pública. Es indispensable que el Gobierno Nacional le dé prioridad a lo ambiental y que la reforma de las CAR esté acompañada de vigilancia desde el Gobierno y desde la ciudadanía, para que su gestión y la gestión ambiental en general sean más eficientes y responsables. Es una tarea de todos, pero el Gobierno Nacional es protagonista principal. Estaremos atentos a sus decisiones, lo hasta ahora propuesto por el Gobierno, es sólo un inicio.