Cárcel a conductores ebrios

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EL CONGRESO COMIENZA A OCUparse de un proyecto de ley que busca combatir a quienes conducen en estado de ebriedad. Aun cuando la iniciativa es buena, conviene que adicionalmente al debate público que comienza a generarse se consulte a la academia, para que esta sana propuesta vaya acompañada de un correcto tratamiento legislativo y político criminal.

El problema no consiste, como algunos han dicho, en que nuestra legislación considere como delitos imprudentes las lesiones y muertes ocasionadas por conductores borrachos; mientras no se demuestre que éstos lo hacen con la finalidad de atentar contra la integridad personal de la víctima, resulta imposible afirmar que se trata de un delito intencional. La sola circunstancia de que quien guía el vehículo esté ebrio no transforma su imprudencia en un acto orientado a causar el daño. Es cierto que existen casos en los que la frontera entre el delito intencional y el culposo es tenue; pero las dificultades para escoger entre uno y otro dependen de las pruebas llevadas al proceso, y no de que una norma califique de voluntario un homicidio que su autor no quiso cometer.

Elevar a la categoría de delito la conducción en estado de ebriedad, como lo propone el proyecto de ley, es un paso en la dirección correcta, como también lo sería la imposición de una pena para quien abandone el lugar de los acontecimientos después de haber atropellado a un peatón o colisionado con otro vehículo.

Sin embargo, si estos comportamientos se convierten en delitos, no pueden ser simultáneamente considerados como agravantes de las lesiones o muertes causadas por un conductor, pues ello supondría aplicar dos penas por los mismos hechos. Lo recomendable sería que tales conductas sólo pudieran ser sancionadas cuando con ellas no se hubiera causado daño a la integridad de las personas; por el contrario, en el evento de producirse lesiones o muertes sólo se respondería por estos últimos crímenes, pero agravados por la ebriedad o la fuga del conductor.

Tampoco es recomendable que la sola presencia de alcohol en la sangre del conductor lleve a la imposición de la pena máxima, pues no todos los delitos deben ser tratados de la misma manera; ésa es la razón por la que los códigos suelen establecer límites mínimos y máximos, entre los cuales el juez goza de discrecionalidad para fijar la pena dependiendo de las circunstancias de cada caso.

Por el contrario, sería deseable aprovechar esta oportunidad para que la pena máxima de las lesiones y homicidios culposos coincida con la mínima de esos mismos delitos en su modalidad intencional. De esa manera se mantendría el tratamiento diferencial para estas dos clases de conductas, pero se reconocería legislativamente la existencia de hechos imprudentes cuya gravedad es casi idéntica a la de un comportamiento intencionalmente orientado a causar un daño. Estos y otros temas de orden técnico legislativo merecen un detenido estudio de la reforma cuyo debate comienza, para evitar que el Código Penal se siga convirtiendo en una colcha de retazos plagada de buenas intenciones, pero con profundas contradicciones en los ámbitos sistemático y político-criminal.

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