Por: Pascual Gaviria

Cargar la cédula

A nueve meses de las elecciones regionales la cédula de ciudadanía se convierte en tarjeta débito con posibilidad para un solo retiro y anzuelo para los pescadores de gorra y camiseta con un número al frente y un signo pesos escondido en la marquilla.

La cédula, la huella, la equis sobre el tarjetón obligan a caminar a quienes cortejan, dirigen, convencen, obligan. Muchos intentan que no haya diferencia alguna entre esas palabras. En los tres meses de inscripción de cédulas que se abrieron hace cuatro años llegaron hasta las mesas de la Registraduría 3’941.593 ciudadanos, votantes nuevos, frescos, ansiosos. Eso es cerca del 22,5% de quienes participaron en las elecciones de octubre de 2011. Casi una cuarta parte serían entonces votantes primerizos en el cubículo o nuevos en el municipio donde ahora marcan un candidato a la Alcaldía. En esta ocasión serán 10 meses de inscripciones y los datos de quienes van llegando a las mesas pueden indicar riesgos y dueños, trasteos y desplazamientos.

Hace poco la ONU presentó una lista de 127 municipios donde el Gobierno tendrá que enfocar sus esfuerzos para el cacareado posconflicto. En el mapa sombreado esos municipios se superponen casi perfectamente a los señalados por la Misión de Observación Electoral (MOE) por sus riesgos en los comicios asociados a la violencia. El 70% de esos municipios están en el Cauca, Antioquia, Nariño, Chocó, Caquetá y Norte de Santander. Serán los escenarios claves para evaluar un proceso con las Farc todavía en armas pero con intenciones de jugar un papel político desde ya y con actores legales mucho más cerca de sus ideas y estructuras. El proselitismo armado podrá descalificar una negociación que en octubre debe estar en el momento de las definiciones. Una posible refrendación en la misma fecha hará que las elecciones sean además una prueba internacional para la credibilidad del Gobierno y el país. La MOE presentó, también hace poco, una alerta sobre inscripción atípica de cédulas para las elecciones de 2011 y 2014. Son 125 municipios, y al cruzarlos con los reseñados por la ONU como zonas de presencia histórica de las Farc y otros actores, apenas diez aparecen en ambas listas. La MOE ha dicho que sería muy útil tener acceso semana a semana, día a día, a los números de inscripciones por municipios. Eso nos daría un mapa de riesgos actualizado y no una foto algo vieja para hacer suposiciones.

Por ahora, paradójicamente, las grandes amenazas armadas para las elecciones parecen venir de las bacrim. Sólo cinco municipios de la región Caribe están en la lista de Naciones Unidas. Pero el otro posconflicto, el de la desmovilización de los ‘paras’, tiene actores con intereses electorales en la zona y han regresado las siglas Auc y las amenazas contra líderes que aspiran a jugar un papel en alcaldías y concejos de Sucre a La Guajira. Desde hace tiempo convivimos con las mafias en las elecciones, pero las próximas pueden marcar un punto clave en el fracaso definitivo de un proceso que cumple algo más de ocho años y el posible éxito de uno que, según dicen, podría firmarse este año.

 

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