Por: Ramiro Bejarano Guzmán

Caridad en causa propia

EL CÁNCER DE LA CORRUPCIÓN NO se reduce al deterioro de las entidades públicas, muchas de las cuales intentan pasar agachaditas en este tsunami de escándalos y detenciones, como el Instituto de Bienestar Familiar, donde las autoridades deberán establecer cuál fue la intervención del exsecretario jurídico de la presidencia Edmundo del Castillo, en las licitaciones y contratos en los que intervinieron los Nule, con el visto bueno de su tambaleante directora, Elvira Forero.

Hay que echar una miradita al sector privado, porque allá también ocurren cosas inesperadamente turbias, por decir lo menos, como lo que viene pasando en Cali, en la Fundación Franco Sara, por cuenta de monseñor Juan Francisco Sarasty, amo y señor de la Arquidiócesis local.

La Fundación es una institución que tiene por objeto hacer obras de caridad, constituida por el empresario inventor del famoso “Café Franco”, Emilio Franco, oriundo de Filadelfia, Caldas, casado con María Luisa Sara —por eso el nombre Franco Sara—, quien aportó unos bienes raíces para que con el producido de su administración se apoyaran doce instituciones de beneficencia en Cali, como el Instituto para ciegos y sordos o el Asilo San José, entre otras. La Fundación tiene más de medio siglo de existencia, auxiliando a esas entidades con puntualidad, y cuenta con un importante patrimonio que alcanza los 30 mil millones de pesos.

Nadie en Cali esperaba que la Fundación Franco Sara pudiera verse envuelta en enredos, pues su Junta Directiva está integrada por tres baluartes de la sociedad caleña: un delegado del gobernador del Valle, otro más que designa el arzobispo de Cali y el tercero elegido por las 12 instituciones beneficiarias de los recursos. Menos podría alguien vaticinar que surgirían sospechas, después de que la Arquidiócesis de Cali, desde la década de los 80, en épocas en las que el cardenal Rubiano Sáenz era el principal pastor católico, asumió la administración y contabilidad de sus cuantiosos recursos. Hoy sacerdotes y laicos se quejan del nepotismo, clientelismo y abusos de monseñor Sarasty y algunos de sus familiares, por manejar la Fundación como caja familiar.

Resulta que a monseñor Sarasty, quien tiene derecho a designar un delegado suyo en la Junta Directiva de la Fundación, con un suplente, le pareció sensato y transparente nombrar a María Mercedes y Ana Emilia Zúñiga Villaquirán, hijas de una prima hermana suya.

Las hermanitas Zúñiga han sabido ejercer el poder que cayó en sus manos por honrosa escogencia de su consanguíneo, y en ejercicio del mismo, una de ellas preside la junta de la Fundación y la otra es su administradora, devengando un cómodo salario de $4 millones mensuales, más otras prebendas que nunca antes se habían pagado. Además se dieron mañas para sacar al anterior director, Carlos Alberto Guerrero, quien llevaba 30 años de servicio, sin tacha alguna, al parecer porque no se prestó a la indebida maniobra de enajenar una valiosa bodega a otra fundación, Banco de Alimentos, dirigida por una hermana de monseñor Sarasty, Sofi, también administrada por la Arquidiócesis que dirige su reverendo hermano.

Sorprende que el nuncio apostólico, Aldo Cavalli, y el gobernador del Valle, Francisco Lourido, a pesar de estar enterados de todo, no han movido un dedo. El nuncio dirá que monseñor Sarasty tendrá que dar explicaciones ante el Señor el día del juicio final; pero el gobernador no tiene excusa para hacerse el de la vista gorda, ni siquiera escudándose en los embargos y problemas personales y familiares que lo acosan.

¿A qué santo tendrán que rezarle en Cali para que les haga el milagrito de que no sigan saqueando una Fundación privada, que sin embargo interesa a muchos?

Adenda. Si la Corte ordenó que se investiguen las andanzas de los Nule fuera de Bogotá, ¿cuándo arrancará la Fiscalía?

 

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