Carimagua: otra misión inútil

¿Para qué será que el Gobierno convoca misiones de expertos cuando, como se ha visto hasta ahora, nunca siguen sus recomendaciones?

Ya pasó con la famosa misión fiscal que hace meses pidió que se redujera el déficit del Gobierno Central y que no se dieran subsidios. Todas sus recomendaciones fueron ignoradas.

 Algo similar sucedería con el grupo que el Ministro de Agricultura nombró para que, en medio del famoso debate, le dieran soluciones a Carimagua. Ahora resulta que el Ministro salió con una solución supuestamente salomónica: entregarle el predio a Ecopetrol para que produzca biocombustibles.

El país se acaba de enterar de la decisión en que la Junta Directiva de Ecopetrol aprobó la semana anterior un convenio propuesto por el ministro Arias para que se le entregue Carimagua a la empresa estatal en concesión por 50 años. El objeto será desarrollar un proyecto agroindustrial de caña y sorgo dulce con destino a producir etanol. A cambio, Ecopetrol se comprometerá a vincular a las familias desplazadas al negocio, ya sea como socios o como trabajadores.

El Ministro tendrá que responder muchas dudas que quedan sobre el tapete. La primera, ¿para qué armaron una misión si de todas maneras no iban a seguir sus recomendaciones? Uno de sus miembros, Juan Carlos Echeverry, demostró su sorpresa al ver que se le entrega a una empresa petrolera semejante proyecto que nada tiene que ver con la naturaleza de sus funciones y que desconoce por completo el complejo manejo de desplazados. Pero el problema de fondo es que de nuevo los desplazados, para quienes eran originalmente estas tierras, vuelven a quedar en el aire.

¿Qué será lo que le pasa a este ministro que no sabe cómo deshacerse de sus responsabilidades con estos campesinos con quienes el Estado colombiano, del cual él como Ministro es parte, tiene una profunda deuda? No sabe cómo escabullirse del mandato de la Corte Constitucional que obliga al Gobierno a darles una respuesta contundente.

No le valió el debate en el Congreso ni la presión de muchos sectores a pesar de que terminaron obligándolo a dar un reversazo a su idea inicial. Vuelve y juega. En este nuevo  convenio, nada queda claro sobre la posibilidad de que los desplazados tengan derecho al usufructo de la tierra, como había recomendado la comisión de expertos; para que vuelvan a lo que saben, a explotar la tierra y a beneficiarse de ello con el fin de reponerles en parte todo lo que han perdido.

La insolidaridad de Arias con los campesinos pobres ya raya en el colmo del cinismo. Más aún, parece que el Ministro viviera en otro planeta. El mundo entero reconoce que hay una peligrosa crisis alimentaria y Colombia no es una excepción. El hecho de que nadie le cobre al Ministro la contribución de su sector a la inflación actual no implica que no tenga una profunda responsabilidad sobre esta situación: reducción de áreas sembradas en alimentos; falta de productividad por malas políticas; subsidios a quienes no toca cuando no toca y muchos errores más. Ya no es una voz la que dice esto sino varias.

La recomendación más clara de los expertos mundiales es que se tienen que producir más alimentos, especialmente con los pequeños productores, quienes son los responsables de este tipo de cultivos en muchos países como Colombia.

La otra recomendación es frenar los estímulos a la producción de biocombustibles porque precisamente compiten con la mayor oferta de alimentos que requiere el mundo. Pero no, ¡el Ministro hace todo lo posible por ir en contravía!

Es fundamental que el país sepa de una vez si esa tierra va también para Ecopetrol. Esta solución es tan absurda que es posible que haya gato encerrado. Esa parte del país tiene crudos pesados que necesitan mezclarse con biocombustibles para hacer rentable su explotación. ¿No será que detrás de esto está la idea de ceder o vender Carimagua a una empresa petrolera? Así, el negocio sería redondo y los desplazados en la inopia. ¿No es esto lo que siempre ha querido el ministro Arias?

En fin, ahora que hay una nueva misión, esta vez de Justicia, no sobra sugerirles que se preparen para perder el tiempo.

 Cecilia López M. Santa Marta.

Versiones

No obstante que la versión oficial del rescate de los 15 secuestrados de las Farc es verosímil, también puede serlo la difundida por la Radio Suisse Romande, según la cual la liberación se logró tras el pago de US$20 millones a César.

Es de todos conocido que el  Ministro de Defensa y algunos mandos militares no han sido ajenos a la ejecución de falsos positivos. Tampoco es un secreto que el Gobierno ha creado un fondo de US$100 millones para pagar guerrilleros que entreguen secuestrados. El Pentágono, citado por la agencia AFP, ha manifestado que “(…) se destinaron US$50 millones anuales para quitárselos ( los tres norteamericanos) a las Farc y un equipo de 300 hombres del Departamento de Defensa y gente de inteligencia para esta misión” (El Tiempo, 5 de julio, p. 1-4).

También llama la atención que el Comandante del Ejército se haya apresurado a declarar que César  sería extraditado a los EE.UU., pues eso nos recuerda como en el caso del narco Patiño Fómeque la reducción de condena por efectiva colaboración con la justicia, las nuevas identidades para él y su familia, su reubicación y, naturalmente, el disfrute de su nuevo peculio. Si a esto añadimos la descomposición rampante en las filas de las Farc, no sería extraño que César hubiera sucumbido a la codicia y hubiera convenido en poner en libertad los secuestrados a cambio de una gruesa suma de dinero, rebaja de pena, reubicación, etc.

Claro es que tanto para el Gobierno Nacional como para el de EE.UU. el rescate pagado no tiene los mismos efectos políticos que la liberación obtenida a través de una acción intrépida del Ejército colombiano. La recuperación de los secuestrados debe mostrarse a toda costa como el resultado de una acción militar inteligente y valerosa: así se fortalece el aliado más fiel de los EE.UU. en América Latina, la imagen del Ejército Nacional elemento fundamental de la seguridad democrática, se engorda la popularidad de Uribe y se consigue arrojar a un plano distante, muy distante, los amenazantes efectos de la yidispolítica, la parapolítica, los enfrentamientos con la Corte Suprema de Justicia, etc., etc.

 

 

 Ignacio Escobar Uribe. Bogotá.

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