Carrillo, mucho ruido y...

Cuando fue elegido procurador, Fernando Carrillo prometió una Procuraduría para la gente, “que se la juegue por los derechos de los ciudadanos”, una Procuraduría ciudadana. Pura palabrería.

Cuando Carrillo se posesionó le solicité por medio de un derecho de petición los nombres de los funcionarios o asesores de la Procuraduría que antes de la renuncia de su antecesor devengaban diez millones o más. Me negaron la información porque dizque corresponde a la vida privada de los funcionarios. Esta es la arbitraria, ilegal, caprichosa, disparatada y mal redactada respuesta que recibí: “Los factores salariales que devengaban los funcionarios a 1 de julio de 2016 en su vinculación con esta entidad es personal y hace parte de su esfera privada, por lo tanto en principio la misma solamente le interesa a ellos y no puede ser entregada a usted o a un tercero, salvo que medie orden judicial o administrativa de la autoridad competente”. Firma el oficio el jefe de la división de gestión humana, Carlos William Rodríguez Millán.

¿Cómo puede hacer parte de la esfera privada de los funcionarios de la Procuraduría su remuneración, que se paga con dineros públicos, que proviene del presupuesto nacional, que se fija por actos administrativos que por su misma naturaleza son públicos y no secretos? Esos sueldos se pagan con el IVA del 19 %, no salen de la chequera personal de Fernando Carrillo. En la propia página web de la Procuraduría están publicados varios decretos que fijan los sueldos del procurador, del viceprocurador y de los procuradores delegados y además ninguna ley dice que son reservadas las cifras sobre remuneración de empleados públicos. Solo de mala fe puede Rodríguez Millán confundir lo que sí pertenece a la vida privada de todo funcionario —por ejemplo la historia clínica— con información que jamás puede ser secreta como es el salario.

Si esta es la respuesta insolente, desfachatada y abusiva que los subalternos de Fernando Carrillo dan a un periodista que tiene tribuna pública y que lleva 40 años agitando a favor del acceso a los documentos oficiales, se puede suponer el desprecio y el desdén de la Procuraduría ante los derechos de petición de ciudadanos del común que no son abogados ni expertos en la materia. Procuraduría para la gente.

La burla y el cinismo de Carlos William Rodríguez Millán, que contesta por el procurador, son particularmente graves por cuanto por ley es la Procuraduría la encargada de velar por el cumplimiento de las leyes de acceso en todas las dependencias oficiales y concretamente le compete sancionar los casos de faltas o mala conducta de los funcionarios que niegan la información.

Si esta es la altanería de los agentes de Carrillo ante el derecho que tienen todas las personas de acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley, si ya sabemos qué significa la Procuraduría de la gente en cuanto al acceso a la información, qué se puede esperar de las otras promesas que hizo el procurador. ¿Quién puede creerle cuando afirma que “seremos implacables con los deshonestos” y “activaremos un frente común de lucha contra la corrupción” si oculta hasta la información inocua? El tapen, tapen es incompatible con la guerra a la corrupción.