Por: Carolina Botero Cabrera

Carta al Niño Dios

Como cada fin de año, esta es mi lista de cosas que me gustaría que sucedieran en el próximo en relación con tecnología. Esta vez mi lista está diseñada en torno al contexto político y regulatorio del país.

El 1° de enero tendremos nuevos alcaldes y alcaldesas a lo largo y ancho de Colombia que darán inicio a procesos de discusión de los planes de desarrollo locales. En cada municipio, este proceso abre una oportunidad de incidencia que determina la inversión de los próximos cuatro años en los territorios.

Es importante que las personas que se involucren en estas discusiones tengan presente la perspectiva de lo digital, pues cosas como la inversión —o no— en conectividad para colegios y bibliotecas públicas se definirán en las próximas semanas. También deberán estar pendientes de la discusión en torno a la visión de lo que serán los despliegues de ciudades inteligentes. ¿Nuestras ciudades inteligentes se basarán en la idea de control y vigilancia de las personas en función de la seguridad o serán las que pongan a las personas en el centro y busquen que la tecnología esté en función de la solución de sus problemas de movilidad, convivencia, etcétera?

En 2020, continuarán las discusiones en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en torno a los reclamos de las bibliotecas, museos, archivos y educadores en materia de excepciones y limitaciones, y las peticiones de la industria para la creación de un nuevo derecho de retransmisión. Espero que en el nuevo año la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) cree un mecanismo público para construir la posición de país ante este foro y que la participación sea amplia para que incorporemos elementos de interés público a esta discusión.

La agenda del Departamento Nacional de Planeación (DNP) define cada año las rutas de inversión de los recursos del Estado. Eso es importante, pero no siempre es fácil hacerle seguimiento. Por ejemplo, aunque en Karisma, donde trabajo, hemos hecho seguimiento a la Política Nacional de Transformación Digital —tanto ante el DNP como ante la OCDE— e incluso pudimos presentar comentarios al borrador del Conpes que compartieron en el primer semestre del año, en el segundo semestre recibimos con sorpresa la versión final que iba más allá e incluía la política en materia de inteligencia artificial.

El DNP incluyó la inteligencia artificial en la versión final sin dar oportunidad de participación pública y, por tanto, nos dejó sin capacidad de incidencia. Esto, a pesar de que ya en conferencias públicas otras organizaciones han comentado las disposiciones de inteligencia artificial y lo hicieron a partir de un borrador que les fue enviado directamente y circuló en algunos grupos de WhatsApp. Para 2020, espero que el DNP mejore sus procesos y pueda beneficiarse de los comentarios que los diferentes sectores tenemos para aportar.

El Ministerio TIC y el DNP publicarán el Conpes de Seguridad Digital en 2020 que implementa mecanismos más inclusivos, buscando involucrar a otros sectores. La transformación del tema de ciberseguridad con una fuerte óptica militarista hacia una visión más civil centrada en traer más sectores a la discusión que hablen de seguridad digital ha tomado una década, pero el cambio va dándose. Espero que esta mirada ajuste la definición de seguridad digital más dirigida hacia la persona, que los principios de corresponsabilidad y cooperación se activen, y se abra espacio para que la realidad del país en torno a la sociedad civil y su seguridad digital tenga un mejor marco.

La agenda regulatoria de la CRC para 2020 incluye la reforma al registro del IMEI de celulares. Hemos explicado en qué consiste la política y por qué pone en riesgo el derecho a la intimidad, entre otros. Como advertimos a la misma CRC, también es claro que las cifras de hurto de celulares no han disminuido ni aumentado por lo cual no se justifica sostener esta medida. Esta es la oportunidad para que la CRC y el Mintic desmonten esta política de vigilancia inefectiva.

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