Cartas de los lectores

Con mucha preocupación registramos la publicación en El Espectador del artículo “Santos: La guerra que está ganando… y la otra” (Plinio Apuleyo Mendoza, sábado 15 de diciembre), en el que señala a las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, Justicia y Paz....

Réplica a Plinio Apuleyo

Con mucha preocupación registramos la publicación en El Espectador del artículo “Santos: La guerra que está ganando… y la otra” (Plinio Apuleyo Mendoza, sábado 15 de diciembre), en el que señala a las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, Justicia y Paz, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Red Europea de Hermandad con Colombia, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Minga, Peace Brigadas International de ser instrumentos de la guerra de las Farc. Dicho falso señalamiento pone en peligro el ejercicio de la actividad legítima de defensa de los derechos humanos, en un clima en el que quienes se dedican a esta labor son objeto de repetidos ataques por todos los actores armados.

La comunidad internacional comparte nuestra preocupación. En carta del 1 de noviembre de 2007, 11 senadores estadounidenses solicitaron al presidente Uribe abstenerse de hacer señalamientos a los defensores de derechos humanos y a los sindicalistas, y en comunicación del 17 de julio de 2007, 36 congresistas reaccionaron enérgicamente frente al ataque sistemático a las organizaciones de derechos humanos. Más recientemente, el pasado 7 de diciembre, 30 congresistas pidieron al presidente Uribe protección a los sindicalistas colombianos e investigación de los crímenes contra la actividad sindical. Por su parte, la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Louise Arbour, el pasado septiembre reconoció “los valientes esfuerzos de los defensores y organizaciones de derechos humanos, así como del Movimiento de Víctimas, quienes corriendo riesgos personales considerables, abogan por el mejoramiento de la situación de derechos humanos en Colombia y marcan una diferencia real en la vida diaria de muchos de sus conciudadanos”.

La construcción del Estado de Derecho implica la defensa de los derechos humanos y como parte de ese trabajo los defensores colombianos encuentran como foco de preocupación los asesinatos de civiles (ejecuciones extrajudiciales) cometidos por parte de la Fuerza Pública. Este año, organizaciones colombianas presentaron diversos casos a través de su documentación y denuncia en un informe en octubre (“Ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a la Fuerza Pública en Colombia”,     julio 2006 a junio 2007). Dicha labor no constituye una “guerra jurídica” contra el Estado, sino más bien, acciones que llevan a la edificación del Estado de Derecho.

Es deber del Estado colombiano proteger a los defensores de derechos humanos, llevar las investigaciones y castigar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, como ejecuciones extrajudiciales, la masacre de febrero de 2005 en San José de Apartadó y el asesinato de sindicalistas en Arauca a los que hace alusión el señor Apuleyo en su artículo, sin importar quiénes sean los responsables.

Desconocemos la fuente de las afirmaciones que el señor Apuleyo hace en su artículo sobre las organizaciones defensoras de derechos humanos y esperamos una rectificación que contrarreste la tergiversación de información sobre la legitimidad de las organizaciones mencionadas en su artículo ante la opinión pública. Finalmente, solicitamos al Ministro de Defensa distanciarse públicamente de los señalamientos e indicar inequívocamente el respeto y acatamiento de los derechos humanos.

 Acción Permanente por la Paz, Center for International Policy, Chicagoans for a Peaceful Colombia, Chicago Metropolitan Sanctuary Alliance, Chicago Religious Leadership Network on Latin America, Colombia Human Rights Committee, Colombia Peace Project, Colombia Vive, Conference of Major Superiors of Men, Drug Policy Project, Institute for Policy Studies, 8th Day Center for Justice, Fellowship of Reconciliation, Human Rights First, International Labor Rights Forum, Presbyterian Peace Fellowship, Quixote Center/Quest for Peace, Red Italiana de Solidaridad Colombia Vive, Refugees International, Robert F. Kennedy Memorial Center for Human Rights, US Labor Education in the Americas Project (USLEAP), United Steel Workers, AFL-CIO, Washington Office on Latin America.

De Vladdo


Quiero referirme a la nota de Alejandro Gaviria (El Espectador, semana del 10 al 16 de diciembre, “Sobre la conciencia humanitaria de la Nación”), donde menciona una caricatura mía publicada en la revista Semana a propósito de las dolorosas pruebas de supervivencia de Íngrid Betancourt y otros secuestrados, y que quizás el columnista no interpretó bien.

En la mencionada caricatura hice alusión a la generalizada falta de sensibilidad de nuestra sociedad en temas humanitarios, sobre lo cual abundan los ejemplos. Por citar un caso, en este país —empezando por el mismísimo Gobierno— a nadie le importa la suerte de los desplazados y cuando nos los encontramos en las esquinas de las grandes ciudades, ni siquiera somos capaces de mirarlos a la cara.

Y en cuanto a los cientos de compatriotas secuestrados por las Farc, al fervor de la noticia, lo sucede la indolencia. Tras la divulgación de la dramática carta de Íngrid, ¿quién salió a la calle a manifestarse por su liberación? ¿Quién se atrevió a agitar un trapo blanco para protestar contra las Farc? Nadie. Y eso que se supone que las palabras de Íngrid habían producido inmensas oleadas de indignación. Peor aún: a mucha gente ya hasta le causa urticaria ver a Yolanda Pulecio clamando en todos los tonos y en todas las formas por la liberación de su hija y de los demás secuestrados. “¡Qué señora tan intensa!”, he oído decir. Y, como en el caso de los desplazados, preferimos mirar para otro lado.

Por eso el cuestionamiento que hacía en mi caricatura (“¿Esta será una prueba de que Íngrid está viva, o de que nuestra sociedad está muerta?”), no debería verse como una “pregunta retórica (…) no sólo falsa, sino también injusta”, como la califica Alejandro, sino como un llamado a sacudirnos de la indiferencia, de esa pasividad social que nos carcome desde hace décadas.

Más allá de abogar por un despeje o por un intercambio humanitario —materia de otra discusión—, de lo que se trata es de asumir la obligación moral que tenemos los colombianos de salir a la calle y pronunciarnos contra las innumerables violaciones del derecho a la vida y a la libertad, sin que dichas manifestaciones sean vistas como subversivas por parte del Estado, ni como cursis o inútiles, por parte de los ciudadanos.

Vladdo. Bogotá.

 

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