Estamos en un Estado laico

Presenciamos en la actualidad polémicas de interés público, que deberían servir para aclarar de una vez por todas el carácter laico del Estado colombiano. La insistente actitud del Procurador General de la Nación, de poner todos los obstáculos a su alcance para impedir el cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional C-355 de 2006 y C-388 de 2008; la decisión tomada el año pasado, por el Alcalde Alonso Salazar Jaramillo, al prometerle al Arzobispo de Medellín dejar por fuera de la futura Clínica de la Mujer el servicio de aborto en los tres casos señalados por la Corte Constitucional, y la reciente carta del DANE, que con argumentos religiosos se  opone al matrimonio homosexual, son una muestran evidente del espíritu que pretende imponerse en las relaciones entre la ciudadanía y el  Estado laico.

Ahora vuelve y juega el arzobispado paisa al criticar el programa “Sol y Luna”, impulsado desde la administración de Sergio Fajardo y dirigido a la educación sexual y la prevención del embarazo en la población adolescente de Medellín.

Es necesario que los funcionarios públicos comprendan que lejos están los días del Concordato de 1887, cuando las creencias religiosas imperaban sobre las leyes que regían los destinos del Estado confesional en buena parte de los siglos XIX y  XX. Es, por tanto, perverso pretender hoy en día confundir a la ciudadanía y hacer de las obligaciones públicas un canto a la bandera, en aras del acatamiento por parte del Estado de preceptos religiosos. Éstos, por respetables que sean, pertenecen al fuero individual de las personas. Las iglesias disponen de espacios conocidos por sus feligresías para difundir sus credos y doctrinas. Es tarea de sus ministros (¡qué no ministras!) lograr su coherencia en la vida diaria. El Estado colombiano está en la obligación de respetar y garantizar dicha libertad religiosa.

Asunto muy distinto es el cumplimiento de la Ley y la Constitución que juran defender las autoridades públicas al momento de posesionarse. Éstas pertenecen al fuero de un Estado secular, cuyo carácter confesional terminó a partir de la Constitución Política de 1991. Las sentencias de la Corte Constitucional arriba mencionadas forman parte de las obligaciones legales que debe cumplir a cabalidad este Estado laico. Constituyen un desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos, reconocidos por las Naciones Unidas como Derechos Humanos; derechos de especial importancia para esa mitad de la población que son las mujeres y las niñas. La implementación de programas educativos y atención en salud sexual y reproductiva, incluida la interrupción voluntaria del embarazo en los casos enunciados por la Corte Constitucional, es un derecho ciudadano y constituye una obligación del Estado laico garantizar su accesibilidad. No pueden quienes ejercen la función pública aceptar interferencias religiosas en las decisiones de carácter legal y constitucional.

 Rocío Pineda García, ex secretaria de Las Mujeres de Medellín. Medellín.

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