Sobre una columna

Lamentable, muy desinformada y sorpresivamente tendenciosa resulta la aseveración contenida en la columna titulada “La contratación pública”, en la que Salomón Kalmanovitz afirma que “… el IDU sucumbió frente a la presión de la Cámara Colombiana de la Infraestructura para relajar las demandas de solvencia financiera, garantías y posición de capital propio y prestado a los que contrataran las obras. Por este huecazo se les coló el Grupo Nule, que quedó con el corazón de las obras de la calle 26 y con un anticipo de $85.671 millones”.

Las fuentes del doctor Kalmanovitz no le informaron que el Grupo Nule, adjudicatario del segundo tramo de la Fase III de Transmilenio, cumplía en exceso con los requisitos financieros antes de que se hicieran los ajustes a los indicadores financieros que se produjeron en virtud, no de la presión, sino de la concertación y el trabajo conjunto que adelantó la Cámara en el proyecto en mención. En efecto, aunque el criterio determinante en la adjudicación del proceso era la propuesta económica, pues los demás eran criterios habilitantes, la propuesta de los ganadores superaba los requisitos financieros contenidos en los borradores y pliegos antes de cualquier sugerencia de la Cámara al respecto. La Cámara no participó en ningún “huecazo”.

Lamentables resultan sus afirmaciones porque desconocen el papel de un gremio que, si trabajara por generar “huecazos” a favor de uno de sus integrantes, desaparecería. La Cámara Colombiana de la Infraestructura no trabaja por los intereses de uno o algunos de sus afiliados en particular, quienes participan a diario en licitaciones y concursos que se desarrollan en un entorno de competencia, a pesar de todas las dificultades de la contratación pública. El gremio defiende los intereses gremiales en su conjunto que, en la mayoría de los casos, coinciden con los de la sociedad toda. En el contexto del mercado, cuya consulta se hace obligatoria por las entidades públicas antes del inicio de los procesos contractuales, la labor gremial es fundamental para que las licitaciones y los concursos culminen con la selección de las propuestas y proponentes, para lo cual se requiere la adecuación de las exigencias de los pliegos a las empresas que estén en capacidad de ejecutar los contratos.

No se trata de una “relajación” de condiciones, sino de una adecuación de las exigencias al objeto a contratar, como lo exige la ley. En esta difícil tarea es verdad sabida que el desafío rutinario del gremio es el contrario al que Kalmanovitz pretende “denunciar”: es lograr la sana concurrencia de los hábiles a través de proyectos maduros y de pliegos bien diseñados y, en el peor de los casos, evitar el direccionamiento de pliegos cuando la captura de ilegítimos intereses se apodera de la contratación en ciertas entidades públicas.

 Juan Martín Caicedo Ferrer. Presidente Ejecutivo, CCI.

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