Por: Reinaldo Spitaletta

Caso Fujimori: la justicia cojea…

La historia de América Latina ha estado atravesada por dictadores y presidentes (algunos, con características dictatoriales) que, en las más suaves de las veces, vendieron o empeñaron su país, y, en otros aspectos, diseñaron métodos de represión popular, tortura y desaparición de opositores.

Sin irnos muy lejos, para no tocar, por ejemplo, a Rodríguez de Francia, a Porfirio Díaz y los de la dinastía Somoza, quedémonos en algunos de los más recientes representantes del populismo de nuevo cuño y el neoliberalismo, y el descaro y desgreño en sus administraciones, como, por ejemplo, el patilludo Menem, uno de los presidentes más corruptos de todos los tiempos. Modificó la Constitución, se hizo reelegir y dejó a la Argentina, en especial a su pueblo, en la más atroz de las miserias.

El caso de Alberto Fujimori ilustra parte de nuestra desgraciada historia contemporánea. El ex presidente peruano, que alcanzó índices de popularidad de un 92 por ciento, montó en su país diversos modos del saqueo, además de políticas antinacionales y en contravía de los intereses del pueblo. Logró afectos entre la gente cuando capturó a Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, y en el rescate de 71 rehenes secuestrado por la organización Tupac Amaru.

Sin embargo, su régimen se erigió como uno de los más aberrantes en la violación de derechos humanos, en la corrupción política, en el tráfico de armas, a través de su especie de Rasputín criollo, Vladimiro Montesinos, y en la conformación de escuadrones de la muerte. Fujimori, que se hizo elegir en tres ocasiones, chocó con las cortes y aplastó el Congreso, es, hoy, simplemente, un convicto que purga 25 años de prisión por homicida y secuestrador.

La Corte Suprema de Justicia del Perú, en una demostración de dignidad y aplicación de la ley, condenó al ex presidente y sentó un precedente en América Latina, al enjuiciar a un ex mandatario elegido por voto popular, y probar los cargos imputados. Entre ellos estaban el de homicidio calificado y asesinato con alevosía, en las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Además, el tribunal lo declaró culpable de los secuestros del empresario Samuel Dyer y del periodista investigativo Gustavo Gorriti.

Fujimori apoyó la creación de escuadrones de la muerte, como el grupo Colina, integrado por miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército, autores de decenas de “ejecuciones extrajudiciales”. El grupo Colina secuestró y desapareció a nueve estudiantes y a un profesor de la Universidad Nacional, en 1992. Estos crímenes de Estado y de lesa humanidad ya los había condenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La sentencia de la Corte peruana expresó que Fujimori ejerció mando político y militar sobre las fuerzas armadas y policiales durante su gobierno (1990-2000), conoció las actividades de guerra sucia del Colina y puso en marcha “una febril actividad, compleja y extensa, para ocultar los hechos, circunscribir la responsabilidad a los actores y, finalmente, amnistiar” a los autores.

Se recuerda que Fujimori fue un prófugo, refugiado, primero, en Japón, país de sus ancestros, y, después, en Chile, desde donde fue extraditado. Durante su período, su asesor Vladimiro Montesinos y la CIA contrabandearon diez mil fusiles para las Farc, a efectos de dar luz verde en los Estados Unidos a la aprobación del Plan Colombia.

El fallo contra Fujimori, cuyos cargos “están probados más allá de toda duda razonable”, como dijo el presidente de la Corte peruana, es un hito en Latinoamérica. Una decisión ejemplarizante. Puede, asimismo, ser una voz de esperanza para las víctimas de atrocidades y sus familiares en distintos países en los cuales ha reinado la impunidad, tantas veces promovida por las esferas oficiales. También confirma lo efímero del poder.

La justicia cojea, y muchas veces no llega. Parece que en el caso en mención sí ha sido efectiva. El destino de los tiranos está no solo en una gran soledad, sino, como en esta ocasión, detrás de las rejas.

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