Por: Humberto de la Calle

Caso Petro: no apostarle a la perfidia

Si el Estado colombiano castiga a Petro con pérdida de investidura, estaría cometiendo un acto de perfidia inaceptable.

De cierto modo equivale al engaño perpetrado por monseñor Caballero y Góngora, quien hizo aprobar unas capitulaciones para disolver el movimiento comunero, mientras bajo cuerda las anulaba. Preso, José Antonio Galán fue condenado a muerte. Exagero un poco. Pero en todo caso aquí se trata de la muerte política de un guerrillero que también contribuyó a disolver su movimiento, entregó las armas, firmó un tratado de paz y, aun si sus convicciones y su temperamento producen erisipela en muchos sectores, ha cumplido con la democracia.

Hay una obligación moral del Estado y un compromiso político indelebles. Además del engaño monumental, un paso en ese sentido sería un grave error histórico. ¿Quién volvería a creer en la palabra estatal?

Surgen voces que atacan el acuerdo con el M-19. Aseveran que hay una evidente desproporción entre el perdón, el cual le ha permitido coleccionar valiosos éxitos políticos, con el juzgamiento penal y disciplinario de los militares. Aunque el doble tratamiento es evidente, y pese a que algunos lo defienden porque no es posible equiparar los deberes de la Fuerza Pública con la acción ilegal de los guerrilleros, lo que hay que decir es que si algún vacío quedó flotando en esta materia, esto no justificaría que se llenara ahora decapitando políticamente a los guerrilleros. Lo que habría que examinar es si, hipotéticamente, es necesario algún tratamiento diferente al enjuiciamiento para los miembros de la Fuerza Pública. Se agrega también que no se prestó atención a las víctimas. La respuesta es la misma: este no es motivo para echar por tierra de manera engañosa un acuerdo aprobado por el Estado y consensuado por la comunidad.

En cuanto a sus aspectos jurídicos, la ley que indultó al M-19 fue aprobada en 1989 bajo la administración Barco. Se aplicó a delitos políticos y conexos. Los sucesos que ahora se alegan no se desprenden de la toma del Palacio de Justicia, como profusamente se sostiene, sino de una condena decretada y cumplida plenamente en 1985 por porte de armas. No es que se justifique el uso de la violencia, pero tampoco es fácil concebir una rebelión sin armas, y menos aún a la luz de los criterios en boga en esa época. Por otro lado, la supuesta inhabilidad surgiría de una combinación endemoniada de normas y conceptos: que el porte de armas no es delito conexo. Que una norma posterior, así sea de rango constitucional, puede ocasionar una inhabilidad mediante aplicación retroactiva. Y que por haber sido juzgado y agotada su pena antes de la ley, no cabe el indulto. Esta última afirmación contradice las motivaciones de la ley. En efecto, en la Exposición de Motivos firmada por Carlos Lemos se lee: “El proyecto va más allá del indulto propio para condenados” (Gaceta 106, XXXII), y en la ponencia de Cámara se dice que el indulto es una gracia aplicada a “los condenados” (Gaceta 128, XXXII). O sea que los condenados, como Petro, sí tienen derecho al perdón.

La demanda contra Petro es una operación bastante alambicada y dudosa que, además, constituiría el triunfo de la trampa sobre la buena fe.

Ya sé: algunos dirán que esta columna es condescendiente. No. A Petro hay que derrotarlo. Pero con votos. 

 

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