Cecilia Orozco: “me sentí desnudada, nos habían espiado”

Carolina Botero Cabrera
28 de junio de 2019 - 05:00 a. m.

En 2014, desde Karisma -donde trabajo-, acompañamos a la FLIP en unos talleres de seguridad digital para periodistas. De las muchas cosas que aprendí, me sorprendió el fatalismo con el que estas personas asumen que están siendo chuzadas, que su vida es un libro abierto y que es frecuente que su amenaza provenga del propio Estado. ¿Cómo cambiamos esto?

Quienes trabajan como periodistas acá viven su vida con la conciencia de que hay alguien permanentemente al acecho y se han resignado a ello. Ahora bien, considerando que las capacidades y los antecedentes de interceptaciones ilegales no solo se han usado contra periodistas, sino también contra opositores políticos, defensores de derechos humanos, sindicalistas, líderes sociales y un largo etcétera, no es difícil concluir que todas estas personas comparten ese fatalismo y viven con él en nuestro país.

Con base en esto, una podría concluir que hemos normalizado que quien es incómodo en Colombia para el poder, venga de donde venga, sabe que sus conversaciones telefónicas y movimientos cotidianos son conocidos por su “enemigo”. Ante esta fatalidad, necesitamos mantener la tensión sobre los casos que salen a la luz de espionajes ilegales. No podemos permitir que queden en el silencio. Tenemos que investigar y aprender de ellos, cuestionar la normalización de esta situación.

“Cuando el fiscal reveló lo que María Jimena Duzán estaba conversando en privado y lo que nosotros sabíamos que solamente estaba en nuestros celulares, yo me sentí un poco desnudada por él… me sentí violentada en mi intimidad… porque yo en ese momento supe que ese señor... nos habia espiado y sabía lo que nosotros habíamos conversado”. Con estas palabras Cecilia Orozco, directora de Noticias Uno, expresa en blanco y negro la sensación que produce el espionaje ilegal en las víctimas.

Imagínese usted lo que significa que alguien conozca todo lo que hay en su celular. Imagínese que, además, usted allí ha sostenido contacto con personas que le cuentan secretos. Ahora imagínese la cara de esta periodista cuando se entera que otra persona sabe datos que solo ella tenía, por ejemplo de quien le contó secretos, de la fuente. No es difícil en ese escenario decir que la protección de la intimidad es también la protección de la libertad de expresión. Garantizarla y protegerla es un valor democrático en el que estamos fallando.

Cecilia Orozco se dio cuenta de que la espiaban por afirmaciones que el exfiscal Martínez dejó caer en su intervención en el Congreso cuando lo citó el senador Robledo para responder por los temas de Odebrecht (noviembre 2018).

Estas afirmaciones causaron revuelo entonces. ¡El organismo a cargo de las interceptaciones legales, para investigación de crímenes, resultaba cuestionada por chuzadas a periodistas! Sin embargo, pronto pasamos al siguiente escándalo y bajó la marea. Aún estamos pendientes de saber si esto se investigará, si se sabrá realmente lo que pasó, los responsables, las formas, el alcance, etcétera,

El tema revive brevemente en estos días gracias a al menos dos nuevos artículos periodísticos, en Revelados y en La Nueva Prensa. Estos medios siguen investigando el tema para concluir que existe en la Fiscalía una sala dedicada a interceptaciones ilegales. De acuerdo con estas investigaciones, desde allí se interceptan números celulares, correos electrónicos y se ordenan seguimientos (incluso en el exterior) sin contar con las garantías legales y para beneficio del exfiscal y sus allegados.

La importancia de seguir este tema y aprender sobre él no solo tiene que ver con las víctimas de este caso, también puede significar que podamos mejorar las garantías del marco legal colombiano.

En primer lugar, la capacidad de interceptación de comunicaciones hoy es mucho más amplia gracias al desarrollo de las tecnologías. Esto obliga a abrir el debate para exigir al Estado transparencia sobre las capacidades que ha adquirido. Conocer la forma como las emplea ayudaría a establecer cómo actualizar el marco legal que está totalmente desactualizado (como que se hizo pensando en que el gran peligro era lo que el DAS hacía, y eso ya es el pasado).

De otra parte, no parece que todo está perdido, pues el hecho de que salgan a la luz algunos casos de abusos puede significar que esto ya no pasa tan desapercibido como muchos quisieran. Sin embargo, la incapacidad para investigar y hacer seguimiento sí parece mostrar que tenemos deficiencias en los mecanismos de control independiente de estas capacidades. Esto me recuerda que la Comisión Legislativa de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia, uno de los pocos mecanismos de control establecidos por ley, ni siquiera está en funcionamiento.

Hacerle seguimiento a este caso y pensar en ampliar su impacto puede proveer evidencia para que el Congreso actúe más pronto que tarde.

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