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hace 1 hora
Por: Uriel Ortiz Soto

Cementerio de Leyes muertas

Si usted lector, anda en busca de una Ley para poner fin a un pleito, trámite administrativo o hacer valer algún derecho que le ha sido vulnerado, visite la oficina de la Historia de las Leyes, ubicada en el Congreso de la República, donde reposan para eterna memoria miles de ellas, que en su momento por su importancia motivaron al país, pero que no obstante haber nacido a la vida jurídica, jamás han cumplido su función social. De pronto encuentre la que le sirva para que dé el puntillazo final a sus tormentos y angustias que lo trasnochan.

Allí le mostraran el historial de cada una, cómo fue su trámite, quién fue el congresista ponente y en qué fecha fue sancionada por el Presidente de la República de turno. Te darás cuenta que son miles las Leyes que desde los inicios de nuestra era republicana, simplemente nacieron, pero jamás se pusieron en ejecución, pero, que aún viven alimentándose de los momentos gratos de su gestación cuando en los atriles y tribunas del Parlamento, sus Padres legisladores, se pavoneaban ante el País, mostrando sus virtudes, falencias y debilidades.

Es muy frecuente que los congresistas primíparos, especialmente los de provincia, lleguen al Congreso, cargados de buenas ideas pero al final de cuentas no saben encausarlas para convertirlas en proyectos de Ley, financiera y socialmente viables para, el país y sus Regiones. Muchas veces estas leyes, nacen sin el músculo financiero, y como consecuencia lógica mueren sin que ningún  doliente las reclame. Son abandonadas a su suerte, puesto que no tuvieron proceso de motivación y concientización entre los ciudadanos beneficiarios, nadie se percató de su nacimiento y muchos menos de su existencia.

Si elaboráramos un presupuesto por cada Ley muerta, nos quedaríamos paralizados y llegaríamos a la conclusión que este es otro sofisma de distracción que utiliza el Congreso de la República, para hacer creer a los Colombianos, que allí se trabaja en bien de la Patria y que quienes los criticamos somos una manada de chismosos, sin embargo, pocos Colombianos, nos hemos atrevido a penetrar a aquel recinto donde los fantasmas de la Leyes muertas asustan y claman porque alguna alma piadosa las rescate del ostracismo y del olvido.

Considero que toda Ley antes de ser debatida debe tener viabilidad presupuestal y lo más importante, un período de motivación y divulgación, para que el ciudadano la asimile y pueda ejercitarla como realmente corresponde. Debemos tener en cuenta que en Colombia, el problema no es de la, escases, de leyes, el problema es su aplicación. Razón no le falta al Señor Presidente Santos, la idea de proponer al “Honorable Congreso de la República”, que dedique seis meses de su legislatura a examinar la gran cantidad de Leyes, que han sido sancionadas y promulgadas, pero que finalmente no han cumplido su función, puesto que los funcionarios encargados de ejecutarlas, o no las entendieron o se hicieron los de la vista gorda porque no les convenía y prefirieron engavetarlas en sus escritorios o en los anaqueles polvorientos de la justicia, o sus presupuestos asignados para su ejecución y desarrollo  se fueron por los despeñaderos de la corrupción.

Pero resulta, que estas leyes muertas, constantemente son resucitadas por abogados litigantes, que cuando se ven perdidos en ciertos trámites administrativos o judiciales, visitan su cementerio y con un memorial dirigido al funcionario de turno las resucitan, puesto que el Estado, no se ha preocupado por extenderles su partida de defunción. Son cientos los litigios que se diriman ante los altos tribunales como consecuencia de estas aberraciones jurídicas.

Si por cada Ley aprobada, sancionada, reglamentada, que entró en vigencia y no se puso en ejecución, colocáramos una cruz in memoriam del Congresista autor, muy seguramente que serían miles las viudas que desfilarían por el cementerio de las Leyes muertas, a depositar flores y a llorar amargamente la traición del Estado a sus autores.
No son pocas las veces en que en los estrados judiciales y en la administración pública, nos topamos con normas que tienen doble interpretación, es decir, que por un lado se le da la razón al ciudadano, pero por el otro se le niega. Estas situaciones a veces se convierten en trámites tan engorrosos que duran años para esclarecerse simple y llanamente por que el gobierno no ha tenido la precaución de derogarlas dándoles sepultura definitiva, o revivirlas para el bien común de sus gobernados.

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