Por: María Elvira Samper

Cero tolerancia a la violencia sexual

EL CASO DE LA VIOLACIÓN DE DOS adolescentes y el asesinato de una de ellas y sus dos hermanos de 6 y 9 años por un subteniente del Ejército en Tame (Arauca) es, tal vez, el más espeluznante que haya salido a la luz pública, pero no es el único.

Según Medicina Legal, hay otros 18 casos de abuso sexual reportados este año (13 comprometen a integrantes de la Policía y cinco a miembros del Ejército), y se suman a 63 registrados en el informe “Forensis 2009”, que implican a 40 miembros de la Policía y a 23 del Ejército (en 39 de ellos, las víctimas son menores). ¿Cuántos más habrá sin reportar?

La cúpula militar puso la cara y pidió perdón por lo sucedido. Es lo menos que podían esperar el padre de los tres inocentes asesinados a sangre fría y la madre de la otra joven violada. No es suficiente e independientemente de si el violador-asesino es o no un psicópata, Ejército y Policía están en mora de reconocer que el caso va más allá, pues no sólo los grupos ilegales acuden al abuso sexual para demostrar poder. También lo hacen miembros de la Fuerza Pública.

Ahora y siempre, aquí y en todos los lugares del mundo donde hubo y hay guerras y conflictos armados, el abuso sexual contra las mujeres es una constante. Por eso los Convenios de Ginebra y sus dos protocolos adicionales la proscriben, y establecen que “las mujeres serán especialmente protegidas (...) contra la violación, la prostitución forzada y todo atentado a su pudor”. (?)Y por eso la Corte Penal Internacional considera que la violación “puede constituir un crimen de guerra o de lesa humanidad”.

Cuando un soldado viola a una mujer no es un acto privado de violencia. Es un delito grave, un acto especialmente violento de tortura del cual el Estado es de alguna forma responsable: por falta de rigor en la selección de los miembros de la Fuerza Pública, por falta de control sobre el comportamiento de sus integrantes, por negligencia en las investigaciones que dejan los casos en la impunidad, por pactos tácitos de silencio para no dañar la imagen de las instituciones… Estos factores permiten que la violación se convierta en arma de guerra.

El conflicto ha significado para las mujeres la extensión de la violencia sexual de la que han sido víctimas y así lo demuestran numerosas investigaciones. Más grave aún es que el “uribato” negó la existencia del conflicto armado, negación se tradujo en una política de seguridad que desconoció los derechos específicos de las mujeres y pasó por alto el principio de separación, distinción y respeto por los no combatientes del conflicto armado, consagrado en los Convenios de Ginebra. Es necesario, entonces, rectificar y tener en cuenta el alto riesgo que supone el conflicto para la población civil, en especial para las mujeres que, con los niños, son las más vulnerables.

No hay que darle más vueltas al asunto: la violencia sexual es un instrumento de guerra y la Fuerza Pública no está libre de culpa, como queda claro en el informe de 2009 sobre la situación de derechos humanos de la Alta Comisionada de la ONU, en el que expresa su preocupación por los abusos sexuales cometidos por todos los actores armados —guerrilla, bandas emergentes y miembros de la Fuerza Pública— en muchos casos contra niñas. De ahí la necesidad de que el nuevo gobierno atienda la Resolución 1820 de la ONU sobre la necesidad de proteger a los civiles de la violencia sexual, de hacer cumplir la disciplina militar y el principio de responsabilidad del mando, así como de juzgar a los responsables. Como en el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales, nadie se traga el cuento de los casos aislados o las manzanas podridas. Hay que pasar de los golpes de pecho a la acción y a políticas de cero tolerancia a la violencia sexual. Ojalá el caso de Tame sea el punto de quiebre.

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2010-11-13T21:51:00-05:00

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