Por: Felipe Zuleta Lleras

¿Chivo expiatorio?

He visto una vez en mi vida a la exsenadora Nancy Patricia Gutiérrez, hoy detenida por el supuesto delito de tráfico de influencias.

No soy propiamente uribista y he sido crítico opositor de las causas del expresidente Uribe. Y tal vez por eso puedo referirme independientemente al caso de la exsenadora Gutiérrez.

La Corte Suprema de Justicia la investiga por —supuestamente— haber utilizado información suministrada por el DAS, para que ella le hiciera un debate a la senadora Piedad Córdoba. Lo cierto es que Gutiérrez formalmente le solicitó al DAS los movimientos migratorios de Córdoba. Lo hizo de frente, movida por el hecho de que Piedad viajaba ininterrumpidamente al exterior y algunos ciudadanos le solicitaban a ella que, en su calidad de presidenta del Congreso, se le investigara. Nancy Patricia puso a disposición de sus colegas, durante el debate, una serie de documentos que reposaban en una carpeta en la presidencia del Senado.

Días después del debate, ella se reunió, frente a varios testigos (en un acto transparente), con Martha Leal, la entonces subdirectora de operaciones del DAS, quien le entregó algunos documentos que nunca se usaron para el debate, que a esa fecha ya había pasado.

Varios interrogantes surgen acá: ¿Debería la senadora saber que esos documentos podrían haber sido obtenidos de manera ilícita? ¿Acaso la senadora no los había pedido formalmente? ¿Resulta delincuencial hacer un debate con fines políticos cuando se es congresista? ¿En dónde queda la inviolabilidad de los congresistas? ¿Cómo puede tipificarse el delito de tráfico de influencias cuando Gutiérrez no obtenía ningún beneficio? Si el debate fue anterior al hecho de haber recibido esos documentos del DAS, ¿cómo podría haberlos usado?

Profeso un profundo respeto por la Corte Suprema. Pero frente al caso de la exsenadora Gutiérrez tengo muchas dudas, como las planteadas. Temo que se pudieran violar principios fundamentales de derecho como el in dubio pro reo, la legalidad, la presunción de inocencia. No veo tampoco las razones por las cuales la exsenadora está detenida. ¿Cómo es ella un peligro para la sociedad? ¿Cómo podría obstaculizar el proceso? ¿A quién se le ocurre pensar que se va a volar si siempre ha comparecido?

Este proceso penal tiene, en mi opinión, un extraño tufillo político. Pero estoy seguro de que los magistrados de la Corte jamás tomarían una decisión basados en sus querencias o malquerencias hacia el presidente Uribe o a quienes lo apoyaron y rodearon. Sin duda la exsenadora quedó atrapada en la maraña de delitos cometidos por unos funcionarios que utilizaron el DAS para destruir a los que consideraban opositores. ¿Pero eso la hace penalmente responsable? Ojalá la doctora Gutiérrez no acabe siendo el chivo expiatorio del enfrentamiento entre Uribe y las altas cortes.

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Twitter@fzuletalleras

 

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