Ciencia, dinero y poder

Teóricamente la ciencia es uno de los principales fundamentos de nuestro conocimiento de la realidad y debe estar por encima de otros intereses, en especial económico-políticos. Pero sólo en teoría. En la realidad, con demasiada frecuencia tanto la ciencia como la interpretación de los resultados científicos han estado supeditados a intereses políticos y económicos.

La reciente condena en Francia del médico neumólogo Michel Aubier a seis meses de cárcel y el pago de 50.000 euros de multa es histórica y ejemplarizante. Pero es sólo un episodio más en un largo y complejo entramado de mentiras, corrupción y luchas de poder.

El doctor Aubier, profesor de la Universidad Diderot y jefe del servicio de Neumología del Hospital Bichat de París, declaró en 2015 ante una comisión del Senado francés, a nombre de la Asistencia Pública Hospitalaria y enfatizando que no tenía conflicto de intereses, que desde el punto de vista científico el impacto del diésel en la contaminación del aire y en la salud humana era realmente insignificante. Durante años, Aubier había defendido la misma posición en los medios y ante la comunidad científica, a pesar de que para entonces ya se sabía de las graves consecuencias de las emisiones diésel en la contaminación atmosférica y en la producción de efectos tóxicos, cáncer y alteraciones genéticas en los seres humanos.

Poco después de dar sus declaraciones ante el Senado, se supo que Aubier llevaba 20 años como médico asesor de la petrolera francesa Total —con negocios en 130 países—, de la que había recibido pagos por más de 300.000 euros sólo entre 2012 y 2014. El escándalo fue tan grande que, a principios de este año, el propio Senado se convirtió en parte civil ante un tribunal de París en un juicio contra Aubier por falso testimonio, que culminó el pasado 5 de julio con la condena anotada.

Abusar de la confianza pública, ocultar el conocimiento científico y negar un conflicto de intereses constituyen faltas graves contra la ética ciudadana y profesional. Su sanción es necesaria para salvaguardar principios y acuerdos fundamentales del trabajo científico y de la vida en sociedad. Este episodio recuerda otros enfrentamientos entre los grandes poderes económicos, la ciencia y la salud pública. Hago apenas alusión a dos de ellos.

El primero, posiblemente el más emblemático, se refiere al poderoso lobby político y la millonaria inversión de la industria tabacalera mundial para tratar de ocultar o poner en duda los resultados de diversas investigaciones científicas —algunas financiadas por ella misma— que han demostrado de manera concluyente el poder adictivo de la nicotina y los devastadores efectos sobre la salud del consumo activo y pasivo de tabaco. Baste recordar la demanda interpuesta por la multinacional Philip Morris contra el Estado uruguayo por el impacto sobre sus finanzas de las medidas, científicamente fundamentadas, que adoptó ese país contra del consumo de tabaco. Hace un año, por suerte, los tribunales internacionales fallaron a favor de la salud pública de Uruguay y de todo el mundo.

El otro dice mucho de lo que pasa y pasará en la administración Trump en los Estados Unidos. Scott Pruitt, su director de la Agencia de Protección Ambiental —EPA, por su sigla en inglés— levantó a finales de marzo pasado la prohibición del uso masivo del plaguicida organofosforado clorpirifós, conocido como Lorsban o Dursban, de la multinacional Dow Chemical, cuyos efectos nocivos en el desarrollo neurológico de fetos y niños está suficientemente probado. Pruitt, a más de opositor de Obamacare, ha sido enemigo de las regulaciones ambientales, demandó varias veces a la propia EPA y niega la influencia de la actividad humana y del CO2 en el cambio climático. 20 días antes de tomar la medida, Pruitt se reunió con el director ejecutivo de Dow Chemical, empresa que gastó en 2016 más de 13,6 millones dólares en lobby y que, al parecer, aportó un millón de dólares para las celebraciones de la posesión de Trump.

Es casi imposible investigar sin respaldo económico y político-social. Pero no deben anteponerse el dinero y su poder a los hallazgos científicos y al imperativo mayor de la salud y el bienestar colectivos.

* Médico social.