Por: Eduardo Barajas Sandoval

Cinco cabezas menos

El talante y la conducta de un jefe de Estado, y de sus funcionarios, pueden marcar, para bien o para mal, el tono moral de un país. Hay una especie de pedagogía del ejemplo que se ejerce, a veces de manera inadvertida, al realizar las tareas de gobierno.

Mal puede ser alguien considerado buen gobernante si lo que preside es una catástrofe moral. Tan malo es el presidente que no se da cuenta de lo que pasa como el que no toma decisiones contra los corruptos. Si las dos cosas se juntan, lo que le está haciendo es un mal profundo a su sociedad. Si actúa a tiempo y con valor contra los corruptos, puede ahorrar dolores y tragedias, porque no cosa distinta de una tragedia nacional es el desorden moral.

Brasil vive un momento crucial de su historia, en cuanto el mundo comienza a mirarle como uno de aquellos países que se aproximan tanto al éxito en su proceso de desarrollo como al ejercicio de una influencia reconocida. Dirigir el proceso político y económico del momento exige mucho tino en esos dos campos, pero también, y sobre todo, exige un liderazgo virtuoso en el campo de la ética y la moral. Volverlo simplemente un país de ricos, o lo que es peor de ricos y pobres oprimidos, dejarlo caer en el abismo de la desigualdad extrema, de la injusticia social o del desorden moral por cuenta de las oportunidades económicas, de la confianza en la inversión extranjera o la consecución de cifras, sería lo peor que le pudiera pasar.

Desconocida y sin brillo aparente tras la luminosa presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, aunque luchadora de vieja data, bajo diferentes formas, contra las dictaduras y en favor de las oportunidades para todos, Dilma Rousseff ha tomado el mando en Brasil y ha demostrado que le importa el componente moral de su oficio mucho más que a otros jefes de Estado latinoamericanos de nuestra época. En el corto tiempo de su gobierno, es decir apenas abriéndose paso en el escenario, no ha tenido el miedo primitivo que a veces hace que los presidentes no se atrevan a modificar la composición de su gabinete en los primeros tramos de su ejercicio.

Cinco de sus ministros han salido del gabinete por causas que de pronto en otras partes harían reír porque las costumbres son otras y se ha producido una especie de normalidad que no repara en semejantes cosas. Pedro Novais, Ministro de Turismo, salió la semana pasada al ser acusado de utilizar recursos públicos para pagar una empleada doméstica.  Ya se había ido el Ministro de Transportes Alfredo Nascimento, tras acusaciones que lo vinculaban con hechos de corrupción en licitaciones públicas. El Ministro de la Presidencia, Antonio Palocci, que había sido ministro de Lula, dimitió al salir a la luz su incremento patrimonial desorbitante. Wagner Rossi, Ministro de Agricultura, se fue porque se le acusó de clientelismo. Y aunque no se tratase de un acto típico de corrupción sino de deslealtad con sus colegas, Nelson Jobim, poderoso Ministro de Defensa, se fue destituido por hacer declaraciones en contra del propio gabinete del que formaba parte.

El mérito, sin embargo, no es sólo de Dilma. Los ministros se han ido en algunos casos porque prefieren irse a defender su presunta inocencia desde su condición de ciudadanos, para no manchar por ningún lado al gobierno y, naturalmente, para no ayudar a manchar el ambiente de la vida pública de un país en el que la corrupción, como en algunos de sus vecinos, ha llegado a un nivel alarmante. Ahí está la diferencia, porque ellos también, como la presidenta, tienen la responsabilidad de marcar el tono moral de la sociedad.

Nada de salir a defender a ultranza a funcionarios cuestionados, como si mantenerlos en el cargo fuese una obligación presidencial mayor que la de defender al país del ataque de la corrupción. Nada de quedarse calladitos ante las faltas denunciadas sin aprovechar las ocasiones que brindan dichas faltas, por leves que sean, para ejercer rigurosamente la potestad de limpiar el servicio público de toda sospecha. Nada de acudir al socorrido expediente de esperar, como lo han hecho vecinos del norte, a que haya sentencias ejecutoriadas, para que alguien salga del despacho. Y seguramente nada de insistir, con estilo argumentativo digno de mejor causa, en que las responsabilidades son individuales y que no importa el fuera de lugar de cónyuges o hermanos, cuando a todas luces la relación entre ellos y un funcionario implica una ofensa, por pequeña que sea, al bien común. Las hidras, como en todas partes, tienen por supuesto muchas más cabezas, pero es mejor ir cortando que dejar pasar.

 

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