Por: César Ferrari

Cinco cuestiones básicas para el desarrollo

El desarrollo, ese estado de prosperidad para toda la población al que los países de menores ingresos aspiran, no se obtiene por casualidad sino como consecuencia de un esfuerzo deliberado. Para lograrlo es necesario, en últimas, alcanzar crecimientos acelerados, al estilo asiático de 10 por ciento por año, con inflaciones reducidas de 2-3 por ciento por año, con distribuciones equitativas del ingreso, y amigables con el medioambiente.

Eso no se alcanza con una estructura económica basada en la producción y exportación de materias primas sujetas al vaivén de los precios internacionales. Es necesario transformarla para que la agricultura, las manufacturas, la economía digital y el turismo, incluyendo la transformación de esas materias primas, sean las bases de la economía y generen pleno empleo, en oposición a la situación actual de 10 por ciento de desempleo y 25-30 por ciento de subempleo.

Cada país es un caso diferente y sus trabas son específicas, producto de la historia, los intereses dominantes y los conflictos. En el caso colombiano, requiere elevar sus reducidas tasas de ahorro e inversión, del orden de 20 por ciento del PIB cuando deberían ser del orden de 40-50 por ciento como las asiáticas, y lograr niveles elevados de competitividad empresarial para poder vender en los mercados internacionales.

La política económica es el eje de la transformación y significa medidas fiscales, monetarias y regulatorias que permitan cambiar la estructura de precios y rentabilidades en favor de esos sectores. Las más importantes serían:

1. Reforma tributaria, pero no como la de 2016. Una reforma que haga que los impuestos directos sean la principal fuente de recaudación y no los impuestos indirectos, como el IVA que debería reducirse a 16 por ciento. De tal modo, las personas naturales más adineradas serían las que más contribuirían, tributando sobre su patrimonio y sus ingresos. En contrapartida sus empresas pagarían tasas menores a la actuales, 25 por ciento, solo sobre sus utilidades y no sobre sus patrimonios, sin exenciones. La recaudación con relación al PIB, actualmente del orden de 20 por ciento, debería alcanzar la tasa promedio que existe en los países de la OCDE, 35 por ciento.

2. Reforma del gasto público, gracias al incremento de la recaudación. Debe significar un aumento notable de la provisión de bienes públicos, educación y salud, y de la inversión pública en infraestructura, de 1,5 actual a 6,5 por ciento del PIB. Esa inversión es indispensable para superar el actual atraso en infraestructura que existe en el país, particularmente en las áreas rurales. La única manera para que las economías rurales se desarrollen, para garantizar a los campesinos un ingreso digno que los aleje de las producciones ilegales, es ofrecerles carreteras de segundo y tercer nivel para que puedan sacar sus productos a los mercados. Ya es tiempo de pensar en un “Plan Marshall”, significativo, masivo, para el campo colombiano.

3. Reforma regulatoria, de tal modo que los organismos reguladores entiendan como su obligación fundamental hacer respetar y promover la competencia en los mercados honrando el artículo 333 de la Constitución colombiana: “La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades”. Hacer cumplir los atributos principales de la competencia (precios transparentes, libertad de entrada y salida de los agentes de los mercados, información simétrica) es la mejor manera de eliminar el rentismo actual en los mercados de servicios no transables internacionalmente, que no tienen competencia de importaciones ni son exportables, y así reducir la tasa de interés de los créditos, los precios de los servicios postales, de los celulares, del transporte y de la comercialización.

4. Reforma crediticia. La población de menores ingresos, incluidos los campesinos, necesita financiar sus actividades productivas. Pero sin ingresos permanentes ni patrimonios que hipotecar no son sujeto de crédito y cuando acceden al mismo lo hacen a tasas exorbitantes. Necesitan tasas de interés menores y la reforma regulatoria apunta a reducirlas. Pero necesitan también acceso a créditos. Las exigencias operativas de la banca comercial tradicional, que atiende a otros segmentos, no le permite atenderlos. Se necesita otra regulación bancaria y otro tipo de banca que excluya las garantías reales, funcione con otros mecanismos operativos, con costos menores, y cobre tasas de interés reducidas. 

5. Reforma de las metas monetarias. La política monetaria ha sido tradicionalmente contractiva y debería ser más expansiva, hasta donde la capacidad de los mercados de bienes y servicios pueda absorberla. No solo para que la tasa de interés sea menor, sino para evitar que la tasa de cambio se revalúe. 

Lograr lo anterior no es fácil, sencillo, ni rápido… pero hay que comenzar si se quiere un siglo XXI en paz, con un capitalismo moderno, no excluyente, abierto, globalizado y sostenible. Implica decisiones y liderazgo político antes que económico. Ciertamente, un gran desafío.

* Ph.D. Profesor titular, Pontificia Universidad Javeriana, Departamento de Economía.

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