Cinco razones para extinguir a la ANTV

Frente al severo apretón presupuestal que se avecina, hace unas semanas fue noticia la decisión del presidente de la República de suprimir entidades públicas innecesarias.

Esperemos que dentro de las organismos en la mira esté la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), por el bien de las finanzas públicas.

En la exposición de motivos del respectivo proyecto de ley —que seguramente ya está en preparación— deberían expresarse, por lo menos, las siguientes cinco razones para extinguir la ANTV:

1. La ANTV tiene ingresos anuales que superan los $200.000 millones. De esa suma, aproximadamente el 35% se destina al pago ineludible de las pensiones de Inravisión. Quedan pues alrededor de $180.000 millones que se destinan anualmente a financiar los operadores públicos. Demasiado dinero de cuyo beneficio social poco se sabe y con el que podrían suplirse necesidades públicas más apremiantes.

2. La ANTV se creó para reemplazar, a como diera lugar, a la Comisión Nacional de Televisión (CNTV). Del afán nació entonces un organismo sin estructura institucional ni coherencia directiva. El manejo de la ANTV está en cabeza de una junta conformada en su mayoría por personas sin ninguna formación en regulación y guiada por lazarillos, lo cual propicia la dilución de la responsabilidad jurídica y política que implica vigilar y controlar a los operadores de televisión.

3. La ANTV le ha dado prioridad en su agenda a la televisión por suscripción, dejando de lado la formalización y el fomento de la televisión comunitaria.

4. La ANTV se destaca por la falta de transparencia en su gestión. Se mantiene oculta información esencial para el legítimo control ciudadano, la cual debería estar disponible en su página web. Por ejemplo, no se encuentran allí las actas de su junta, ni copia de sus actos particulares, ni el número real de usuarios y de ingresos de la televisión por suscripción.

5. En un curioso acto de inmolación, la propia ANTV reconoció hace poco ante el Consejo de Estado que ella no es competente para regular las nuevas realidades de la industria audiovisual. ¿Qué sentido tiene entonces mantener viva a esa entidad?

Juan Carlos Gómez  *