Por: Ana María Cano Posada

Ciudades en jaque

¿CUÁNDO VA A ATENDER EL GOBIERno la gravedad de la escalada de violencia en las ciudades mientras prioriza los asuntos nacionales? Ciudad y país oponen sus desconfianzas.

Mientras en Colombia han confluido violencias aglutinadoras, las ciudades han ido empeorando por la diversidad de la proveniencia armada. El país tiene la unidad de reconocer como enemigo a la guerrilla y a los narcotraficantes, que derivaron en cabecillas paramilitares y regaron la violencia por toda la geografía con masacres, desapariciones y secuestros; por eso la lucha estatal contra ellos es imperativa, aunque sus resultados no sean transparentes, dada la penetración de paramilitares en la sociedad y el uso de métodos ilegales para combatir el conflicto interno.

Pero es apremiante lo que ocurre en Bogotá y Medellín (el caso de Cali ha tenido una postración identificada con el narcotráfico). Las dos primeras pudieron por un tiempo sobrepasar la amenaza colectiva del terrorismo, con una conciencia ciudadana basada en la fuerza civil y el autocuidado, y hasta llegaron a crear un modelo político de honestidad e inversión social que se tradujo en reducción de homicidios de manera admirable. Y de respeto por lo público. Pero en los recientes años ha venido declarándose una guerra civil al menudeo que las ha dejado al desamparo: el declive de confianza en Medellín y Bogotá, interroga qué es lo que se ha perdido.

Se ha vuelto Medellín una cuadrícula con bandas de delincuentes que se reparten un botín de drogas y extorsiones a transportadores, a tenderos, a pequeños empresarios, a trabajadores, con un estimativo mensual de 18 mil millones de pesos. Una economía del terror, hecha por ambiciosos armados sin agüeros, que han creado una psicosis colectiva, unos destierros urbanos, unos ciudadanos inermes inmersos en la zozobra de la balacera súbita. Esta escalada ha llegado a ser una guerra civil territorial reforzada por cuanto género de violencia ha proliferado: bandas sueltas y capos con seudónimo, Valenciano, Sebastián, La Oficina, La Terraza, que son una simbología y una realidad sometiendo a sangre y fuego a las comunidades. Los síntomas son: colegios vacíos, cuadras enteras desocupadas en una semana por sus moradores, rutas de buses anuladas por la extorsión. Y en cuanto a la justicia, imposible judicializar a los “niños” que capturan y la Fiscalía de Medellín se mantiene en interinidad desde hace más de un año. La Policía y el Ejército, sumados, tratan de recobrar un territorio señalado con puntos rojos por una disputa de bandos en un tablero de expropiaciones. Aun con la inversión social de casi 10 billones de pesos que ha hecho en cinco años, Medellín no logra estabilizar la situación social. El alcalde Salazar tiene claro el cuadro clínico, pero no puede remediarlo, y para el Estado colombiano las ciudades están un escalafón por debajo de asuntos urgentes más vistosos.

Bogotá tiene una situación de inseguridad parecida a Medellín, pero se le suma una delincuencia profesionalizada y un ingrediente que desmoraliza a los ciudadanos que conocieron la “cultura ciudadana”: la corrupción que salta a la vista, que en últimas es un germen de violencia adicional. Al alcalde Moreno y también a Garzón, se les responsabilizará de lo que sus antecesores habían ganado al organizar aquella caótica ciudad y que ellos dejaron perder.

Los grandes ejércitos ilegales armados son ahora urbanos. No puede el Gobierno Nacional darse espera porque estas ciudades están en jaque y todo es susceptible de empeorar.

 

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