Clima-economía-instituciones

Pablo Leyva
24 de octubre de 2018 - 07:45 a. m.

El Acuerdo de París, logrado en la COP21 en 2015, “para reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático”, después de un difícil proceso de negociación, estableció: “mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de temperatura a 1,5 ºC…”.

Para tener la mayor claridad científica sobre esta decisión política, la COP21 invitó “al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) a que presentara, en 2018, un informe especial sobre los efectos que produciría un calentamiento global de 1,5 ºC…”.

El informe confirma que la temperatura media mundial ha aumentado 1 ºC por encima de los niveles preindustriales; que esto se debe a emisiones antrópicas de gases de efecto invernadero y “ya estamos viviendo las consecuencias” sobre el sistema climático, los ecosistemas, los océanos, la agricultura y la población. Precisa que cada medio grado de aumento potencia los cambios de manera significativa. “Mantenerse por debajo de 1,5 ºC es conveniente y posible”, para no poner en riesgo a muchos millones de personas.

Para lograrlo, se deben reducir antes de 12 años un 45 % las emisiones de gases de efecto invernadero con relación al 2010, especialmente de CO2, producto de combustibles fósiles, particularmente carbón. Esto requiere “cambios de gran alcance y sin precedentes” en energía, industria, construcción, transporte, urbanismo, manejo de suelos y bosques; en la forma de vida y hábitos de consumo.

El incumplimiento actual de muchos países de los compromisos de reducción de emisiones y la dinámica inercial de los procesos climáticos agrava el problema, por lo que se puede prever que, pronto, la presión para alcanzar (obligatoriamente) el objetivo propuesto en el informe del IPCC será muy grande y nos incluirá a todos. Esto significa un gran impacto económico para Colombia como productor, consumidor, exportador de combustibles fósiles y país muy sensible a los impactos del cambio climático. Es necesario asumir ya estos escenarios económicos y ambientales, con un compromiso social y empresarial de grandes proporciones, un fortalecimiento de lo público y reformas novedosas, especialmente en educación, ciencia, justicia e instituciones.

La desconexión política e institucional de estos escenarios climáticos y económicos es notable; no están en la agenda, son marginales, equívocos o contrarios a lo que debe ser. Se necesita una rama científica y de información del Estado, autónoma y transparente, que sirva como referente para tomar innovadoras decisiones sociales, económicas, jurídicas y ambientales.

La Corte Constitucional, al pronunciarse sobre las consultas populares relativas al “subsuelo”, no relaciona sistémicamente socio-geo-ecosistemas. Y la magistrada Villamizar con su decisión inicial sobre la Van der Hammen le iba a dar vía libre a la urbanización de la Sabana, que impulsa el alcalde de Bogotá.

Los dos casos muestran un serio desconocimiento de la ciencia y van en contra de las recomendaciones científicas del IPCC sobre carbón, petróleo, transporte, urbanismo, etc. Son una prueba fehaciente de la desconexión institucional y política de algunos sectores del país con la realidad ambiental, económica y social mundial.

 

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