Coincidencias y repeticiones

A pesar de los sueños tempranos del Estado colombiano, que vislumbraba un puerto futuro de importancia mundial, la inversión en Buenaventura y su infraestructura no se materializó a lo largo del siglo XX. Por el contrario, se siguió utilizando un acueducto construido para un pequeño municipio, a pesar del crecimiento de la ciudad. Asimismo, el servicio de agua siguió siendo prestado por la empresa pública departamental Acuavalle, que, a pesar de tener experiencia en el suministro de agua y alcantarillado desde la década de 1940, surte principalmente a municipios y localidades rurales con menor población. Durante la década de 1970 se realizaron algunas obras con financiamiento regional para ampliar las redes y actualizar la planta de tratamiento. La población continuó recolectando agua, pues la recibe de manera intermitente.

A principios de la década de 1990, el gobierno municipal, liderado por el Partido Liberal, inició obras para reparar varios tramos de la red y la ciudad contrató una empresa de ingeniería para diseñar el llamado “Plan Maestro de Agua y Alcantarillado”. Muchas de estas obras no se terminaron por falta de fondos. En 1994, la Ley 142 introdujo reformas a escala nacional, impulsando la neoliberalización de la prestación de servicios públicos. Estos cambios allanaron el camino para reformas en Buenaventura. En julio de 2001 se privatizó el servicio de acueducto de la ciudad mediante un contrato de concesión. Sin embargo, según investigaciones posteriores, la licitación fue irregular, ya que solo se presentó un candidato y la selección se realizó de manera apresurada y a escala ministerial, en la capital del país. De acuerdo con las regulaciones vigentes, estos contratos se ejecutan después de una licitación pública, en la que la corporación elige entre varias propuestas.

Como se sabe, la recién creada empresa conjunta Hidropacífico firmó entonces un contrato de concesión de operación y mantenimiento por 20 años. Hidropacífico fue constituida por Conhydra, un operador de agua de Medellín que se especializa en brindar servicios a pequeñas localidades del departamento de Antioquia, e Hidroservicios, un pequeño operador de agua de Bogotá. La llegada del nuevo operador a la ciudad fue recibida con ilusión. Conhydra, que operaba servicios de agua en municipios como Turbo, Chigorodó, Mutatá, Santafé de Antioquia, Marinilla, Sonsón y Puerto Berrío, en Antioquia, se mostró optimista sobre el futuro de la concesión. “Desde el principio entendimos que el problema en Buenaventura era la mala gestión”, argumentó el gerente de Hidropacífico poco después de otorgada la concesión.

Sin embargo, este optimismo duró poco. Con los años, el servicio no mejoró, sino que empeoró. Mientras las administraciones locales culparon al operador por el mal mantenimiento de la red, lo que provocó constantes averías, el operador acusó al Gobierno por la falta de inversión en nuevas plantas de tratamiento y en la ampliación de la red. En la Buenaventura de inicios de la década de 2000, controlada por bloques paramilitares, hubo algo de parte y parte: los fondos que llegaban eran capturados por paramilitares y sus aliados en política a escala local y nacional, e Hidropacífico no se preocupó por mantener la infraestructura en barrios con poca capacidad de pago (que son la mayoría en la ciudad).

El paro cívico de 2017 casi pone fin a estas dinámicas, pues entre los acuerdos figuraba la participación de la comunidad organizada en las decisiones sobre agua, drenaje y saneamiento. Con el cambio de gobierno puede repetirse el pasado. Se teme que desde Bogotá se imponga nuevamente un contrato de concesión y que vengan operadores que no saben de las dinámicas de la ciudad y sus infraestructuras. La organización del paro presiente que operadores apresurados o foráneos no saben (ni encontrarán rentable) lo que es mejor para hacer frente a complejas y grandes desigualdades.

Pero quizá lo que más preocupa no es solo la inercia en las políticas de agua, sino las coincidencias entre el ambiente del puerto y lo que se vivió en Barranquilla, el otro puerto grande de Colombia, hace casi dos décadas. En ese momento, la vida cotidiana controlada por bandas criminales paramilitares hizo imposible cualquier oposición a la privatización de los servicios y la posterior llegada de Aguas de Barcelona y Gas Fenosa. Algo similar se configura hoy en Buenaventura, donde la vida diaria inspeccionada por bandas criminales paramilitares hace difícil cualquier oposición a intereses privados que estén dispuestos a pagar por “seguridad”.