Por: Patricia Lara Salive

Cójalos a polígrafo, presidente, por favor

Ahora resulta que el peor del paseo es el senador Musa Besaile quien, por más marrullas que haya cometido, tuvo el valor de denunciar, con lujo de detalles, cómo fue objeto de extorsión por parte del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, y de los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte.

¡No, señores! Los peores del paseo son el paradójicamente nombrado fiscal anticorrupción y los honorables magistrados de la Corte implicados en el escándalo quienes, se supone, deben ser los personajes más honestos, pulcros y justos que tenga una sociedad, y no los extorsionistas más peligrosos, como acaba de hacerse evidente.

Es que los magistrados corruptos, que tienen el poder de acabar con la honra y la libertad de las personas, son tal vez más peligrosos que un secuestrador, pues si bien éste puede matar a su rehén, el magistrado corrupto, además de acabar con el buen nombre de su víctima, hiere gravemente la credibilidad de la justicia.

Y el asunto es mucho más grave si ocurre, como viene sucediendo en Colombia, que los escándalos de corrupción de la rama judicial son cada vez peores, que fracasan todos los intentos de reforma a la justicia y que parece como si no hubiera remedio que valiera.

Tal vez ello sea así porque generalmente se ha pretendido, en vez de solucionar el problema de raíz, vender el sofá, como lo hace aquel tonto marido engañado. Por eso se han propuesto toda clase de leyes, decretos, normas, reformas constitucionales y hasta constituyentes para solucionar la crisis de la justicia, y no se ha hecho lo único que de verdad arreglaría la situación actual, independientemente de las normas que tengan que dictarse para que esta podredumbre no se repita: sacar ya a los pillos que se han enquistado, a todos los niveles, en los aparatos de justicia.

Y es que la situación es tan alarmante (el último escándalo es apenas uno más de las decenas que se conocen y de las centenas que aún no han salido a la luz) que el fiscal general tendría que tomar una medida de emergencia que, por ejemplo, podría consistir en establecer el principio de oportunidad para todos aquellos que hayan sido extorsionados por jueces y fiscales, de manera que se estimule la delación de los funcionarios judiciales corruptos, como acaba de hacerlo Musa Besaile, a cambio de que a quienes denuncien se les garantice que, si no se les prueba el delito original por el cual se les acusó, no se les impute como un nuevo delito en su contra el haber sido extorsionados y forzados a pagar un soborno.

Y el presidente Santos bien podría decretar una emergencia judicial mediante la cual se establezca que TODOS los funcionarios de la rama, desde los magistrados de las más altas cortes hasta el último fiscal, sustanciador o secretario de juzgado, tengan que pasar una prueba de polígrafo y de exámenes proyectivos de la personalidad para determinar si tienen los niveles éticos y de equilibrio mental necesarios para desempeñar sus cargos de manera idónea. Y si carecen de ellos, que sean retirados y reemplazados por otros que sí pasen las pruebas.

Claro que se corre el riesgo de que muy pocos las aprueben. Pero no importa. Es mejor que no haya jueces a que los que existan sean bandidos.

Señor presidente, piénselo bien: si usted no se inventa una fórmula para sacar a los pícaros del sector judicial, este país no tendrá remedio.

www.patricialarasalive.com

@patricialarasa

 

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