Colombia al son de los paros

Observo a la fecha las grandes mayorías de la población de Colombia inmovilizadas a diario por marchas y cacerolazos sin motivaciones claras. Marchas supuestamente pacíficas, porque no respetan el derecho al trabajo de sus conciudadanos, como comentaré más adelante. O sea, marchas disfrazadas de protesta social. Protestas lideradas por las ingenuas confederaciones de trabajadores, por los politizados maestros de Fecode, por unos indígenas problemáticos y por unos estudiantes fanatizados y caracterizados por sus vacíos ideológicos e históricos.

Como elector del presidente Iván Duque observo y me angustia que no posea él buenos consejeros, que el Congreso haya sido sustituido por el azaroso Comité Promotor del Paro para decidir en temas clave como la apremiante reforma tributaria, la inaceptable disolución del Esmad, la quiebra del país sin “fracking”, el cumplimiento de los costosísimos acuerdos firmados en La Habana y, entre tales acuerdos, la imposible erradicación de los cultivos de coca… Me tranquiliza que el 70% de los colombianos no apoyen los paros.

Las protestas de menos de dos millones de ciudadanos en todo el país violan el derecho al trabajo de decenas de millones de colombianos que no pueden movilizarse para recibir su modesto salario diario, gerenciar sus empresas, abrir sus locales comerciales y restaurantes, explotar un taxi, estudiar, visitar al médico, ir al hospital, abastecernos de alimentos… Protestas que con frecuencia terminan con unos vándalos destruyendo bienes colectivos y privados… En conclusión: ilícitos son los derechos ilimitados de las supuestas “protestas pacíficas” de unos pocos, frente al derecho al trabajo de millones en las condiciones dignas y justas consagradas en el artículo 25 de nuestra Constitución. El derecho a protestar no prima sobre el derecho a trabajar,

La exigencia número 4 del Comité Promotor del Paro pretende: “La disolución del Esmad y la depuración de la Policía Nacional responsables de la muerte de Dilan Cruz”. Grupos antivandalismo como el Esmad existen en 160 países del mundo. La muerte del solitario Dilan es lamentable. Pero cabe preguntar ¿cuántos civiles habrían muerto de haber prosperado el bandidaje contra las unidades residenciales, como aconteció en Cali y en Chile? Poco se han lamentado por los 371 policías heridos de manera grave por defender a decenas de millones de colombianos.

La depuración de la Policía Nacional ya la realizó el presidente Juan Manuel Santos cuatro días antes de terminar su mandato, por medio de la resolución que nos descubrió el señor Fernando Londoño Hoyos en su programa La Hora de la Verdad. Entiendo que les prohíbe en ella a los policías acudir a apaciguar las protestas armados y el ejército, más absurdo aún, ni siquiera podrá ser convocado para el mismo fin.

La cuasi imposible de financiar propuesta número 8 del Comité Promotor del Paro nos exige: “El Gobierno iniciará de inmediato y con las organizaciones respectivas la implementación y el cumplimiento de los acuerdos firmados tanto por el anterior como por el actual Gobierno, entre otros, así como con estudiantes universitarios, organizaciones indígenas, trabajadores estatales, Fecode, sectores campesinos y agrarios”. Y la propuesta número 10: “El Gobierno abordará con Defendamos la Paz (DLP) el proceso de cumplimiento e implementación de los acuerdos de paz firmados en La Habana”. Si mal no recuerdo, cuestan estos últimos $130 billones de los de 12 ceros. Organizaciones minoritarias y con inmensos vacíos económicos no pueden exigir, por ejemplo, que retiren el proyecto de reforma tributaria.

Mi conclusión: coincido con el profesor Eduardo Mackenzie. Están aprovechando el descontento normal de un país en desarrollo para imponernos un “proyecto político” cuyo fin es desmantelarnos el Estado democrático, por medio de sus marchas diarias, aprovechando la tolerancia de nuestras miopes autoridades, con el fin de poner el país en un estado de transición hacia un sistema de gobierno bolivariano. Esta toma del poder tendrá lugar, de hecho, en las elecciones del 2022, cuando se elija un presidente del agrado del poco representativo Comité Promotor del Paro y de Gustavo Petro.