Por: Salomón Kalmanovitz

Colombia con hambre

En unas declaraciones recientes, el Ministro de Agricultura le sugirió al Banco de la República elevar la meta de inflación para albergar las alzas en el precio de los alimentos, tendencia que se ha convertido en la política antipública del Gobierno Nacional. En efecto, el propio Ministro se ha aferrado tercamente a mantener una elevada protección a los productos del campo, impidiendo que las importaciones presionen a la baja los precios de la comida y de las materias primas agropecuarias.

La reforma arancelaria que viene cocinando el Gobierno expresa los intereses de los terratenientes. En efecto, según La Nota Económica, “a última ahora se decidió que la tarifa aplicable a las materias primas fuera 8% en lugar de 5%. Además, el sector agrícola fue excluido de la reducción arancelaria”. Los impuestos que dejaba de percibir el Gobierno por reducir los aranceles, los pensaba recoger castigando la importación de materias primas, los cuales encarecen los bienes locales, perjudican al sector productivo del país y, de nuevo, a los consumidores. Más aún: el presidente Uribe expresó que seguirá “concertando” la reforma para que los gremios escogidos escapen de la competencia económica y sigan explotando el mercado cautivo.

Afirmé que la política agrícola es antipública porque ataca el estómago de todos los colombianos y, en particular, el de los más pobres. Varios programas de combate al hambre en ciudades colombianas, como Bogotá, pueden quedar neutralizados por las alzas de precios de los alimentos. Las exportaciones de carne, leche y huevos al boyante mercado venezolano han significado alzas significativas en sus precios locales. La sola carne ha aumentado su precio en 18% en 12 meses, obligando a los consumidores de menores ingresos a consumir hueso, carnes menos costosas, como la de cerdo, o a pasar más hambre que de costumbre.

No estoy insinuando que se impida exportar, como lo hace, por ejemplo, el gobierno argentino para frenar la inflación, que no quiere atacar en sus fundamentos monetarios y de gasto público. Pero si los productores disfrutan de la libertad de exportar, los consumidores deberíamos disfrutar de la libertad de importar. Frente a la comedia de errores que desembocó en la crisis Uribe-Chávez, ronda la propuesta de restringir más las importaciones en caso de que se erijan barreras para los alimentos colombianos en Venezuela. En un país con un índice de pobreza que envuelve al 48% de la población y donde el 20% es indigente, restringir el acceso a la comida para beneficiar a unos cuantos es escasamente civilizado.

La libre importación de alimentos contribuiría a que el banco central pueda ejecutar una política monetaria más holgada, en la medida en que el índice general de precios reciba los benéficos impactos de la acción y reduzca las expectativas de inflación hacia el futuro. Sería una política a favor del interés general, con la cual ganan los asalariados, los pobres, los productores y mejora la competitividad del país. Pierden muy pocos que, si se modernizan, también podrían ganar.

El mismo Ministro, haciendo algo de burdo populismo, sugirió que el salario mínimo se elevara para albergar el alza del combustible del trabajo que es la comida. Ello tiene unas segundas consecuencias que Arias conoce de sobra: el aumento del salario mínimo restringe el acceso al sector formal, o sea precariza más las condiciones de trabajo, cuando cerca del 58% de la población yace hoy en el sector informal; incide además en mantener el desempleo en niveles intolerablemente altos para una economía que crece por encima del 6% anual.

El ministro Arias conoce bien los efectos de sus políticas antisociales, porque tiene un doctorado en economía por la Universidad de California, donde aprendió todo lo contrario a lo que practica. Parece ser que la platica invertida en sus estudios se perdió.

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