Por: Uriel Ortiz Soto
Comunidad y desarrollo

Colombia está indignada

Cuando al pueblo se le cercenan sus derechos, sin que medie explicación alguna, no hay poder humano que logre enderezar las circunstancias de modo, tiempo y lugar.

El Senado de la República está en mora de citar al expresidente Santos para que dé explicación al país sobre las razones que lo llevaron a desconocer las mayorías del No en el plebiscito por la paz del 2 de octubre de 2016.

Lo primero que hay que decir sobre este caso tan vergonzoso es que, con tal desconocimiento, el principio de autoridad se ha menguado y los tres poderes públicos se encuentran en un callejón sin salida para cumplir a cabalidad con sus funciones.

Sean cuales fueren las razones para tal desconocimiento, los colombianos no podemos seguir transitando por los caminos de la incertidumbre, puesto que, debido a todo este sainete de irresponsabilidades, vienen sucediéndose una serie de irregularidades en el manejo del maltrecho Acuerdo de Paz suscrito en tales circunstancias.

Gobernante que desconozca la voluntad de un pueblo, expresada en las urnas por el sagrado derecho del sufragio, comete un delito de lesa humanidad. Por lo tanto, serán los congresistas de turno quienes lo deben convocar para que dé las explicaciones del caso y, de encontrarlo responsable, sea sancionado como las normas constitucionales lo exigen.

No hay peor derrota para un Estado de derecho que desconocer la expresión popular y democrática de un pueblo en las urnas. Con la frustración y posterior indignación de los votantes no se puede jugar, gobernante que se atreva a hacerlo está acumulando material bélico para el futuro.

Hay una fuerza de indignación que se ha venido acumulando en la conciencia de la mayoría de colombianos desde el 2 de octubre del 2016, fecha en que fueron convocados a las urnas para definir entre el Sí y el No al Acuerdo de Paz, ganando el No que fue desconocido vergonzosamente por el presidente de entonces, Juan Manuel Santos.

Las consecuencias de esta arbitrariedad gubernamental están claramente señaladas en los acontecimientos que han venido sucediéndose sobre el malogrado Acuerdo de Paz, que viola desde entonces claras normas constitucionales y está contribuyendo con este mal ejemplo al deterioro de los tres poderes públicos que, a decir verdad, se encuentran postrados puesto que ninguno de los tres acierta en sus decisiones.

Las seis objeciones a la ley estatutaria de la JEP, señaladas por inconstitucionales e inconvenientes desde todo punto de vista, del señor presidente de la República, doctor Iván Duque, son una muestra muy clara de los pobres razonamientos jurídicos que se esconden vergonzosamente en los laberintos de las componendas políticas, que solo se arreglan a punta de mermelada o de la burocracia soberbia y altanera.

El caso Santrich es tan calamitoso que el solo hecho de pensarlo produce indignación y desazón por nuestra justicia, pero lo más grave es que son fallos producidos por las altas cortes. Esperamos que con el llamado a indagatoria se resuelva en derecho su situación jurídica, para tranquilidad de todos los colombianos.

Con fundamento en todo lo anterior, tenemos que aceptar que los tres poderes públicos requieren de un gran revolcón democrático y esto solo se logra convocando una asamblea nacional constituyente; está plenamente comprobado que el Congreso de la República, máximo poder legislativo, no es autosuficiente ni legislativa ni moralmente para autorreformarse.

Ya vimos cómo la reforma política por enésima vez fracasó, contrariando la voluntad de los colombianos que ven en ella la única forma de acabar con las mafias políticas que para las elecciones del mes de octubre están totalmente comprometidas con todo tipo de alianzas corruptas, compra y venta de votos, doble militancia y constreñimiento al elector.

Posdata. En relación con la columna de mi autoría publicada con fecha del 21 de noviembre del 2018, titulada “Departamento del Chocó, entre corrupción y olvido”, hay que anotar que, a la fecha, la firma de ingenieros Didier Córdoba, con sede en Istmina, ha cumplido y entregado las obras inicialmente contratadas y denunciadas en la columna de la referencia.

[email protected]

866697

2019-06-19T02:30:00-05:00

column

2019-06-19T02:30:01-05:00

jrincon_1275

none

Colombia está indignada

25

4423

4448

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Uriel Ortiz Soto

¿Hasta cuándo el hacinamiento carcelario?

Caldas sin coca, ni glifosato: ejemplo a seguir

Arroz Baudó

Campesino de ayer/campesino de hoy