Por: Columnista invitado EE

Colombia: país "indigenicida"

Por: Jairo Agudelo Taborda, Universidad del Norte

Sí, es verdad, el término indigenicidio no existe. Se dice genocidio o etnicidio. Pero el fenómeno de extinción sistemática de pueblos indígenas sí existe.

El inicio de este mes de agosto ha sido nefasto para los líderes indígenas en Colombia y, en particular, en el Cauca. Tres asesinatos en cuatro días: Enrique Guejiá, alguacil y médico tradicional del Resguardo de Tacueyó; José Eduardo Tumbo, de la Junta de Acción Comunal del Vergel en Municipio de Caloto; Yersaín Yatacué, guardia indígena. Parece que el homicidio de líderes sociales se estuviera especializando cada vez más por categorías de personas y grupos humanos específicos (genocidio).

El fenómeno ha alarmado al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que ha expresado su preocupación. Por su parte, las Organizaciones Indígenas, como la ONIC y el CRIC, han protagonizado marchas pacíficas para pedir la atención y protección del Sistema internacional.

La paradoja es que agosto es el mes de los pueblos indígenas.

De hecho, la ONU escogió el 9 de agosto como Día Internacional de los pueblos Indígenas pues ese día en 1982 se reunió por primera vez el Grupo de Trabajo ONU sobre poblaciones indígenas. Además, el 7 de agosto de 1991, Colombia ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos indígenas y Tribales de 1989 que vincula jurídicamente nuestro país a proteger a los indígenas y sus lenguas y culturas, en sintonía con el Artículo 1 de la Constitución también de 1991.

De los instrumentos internacionales de protección de derechos de los indígenas, Colombia no ha firmado la Declaración Universal ONU de derechos de pueblos indígenas adoptada mundialmente en el 2007. De hecho, fue el único país de América Latina y el Caribe que se abstuvo junto con 10 países de otras regiones. Colombia argumentó su abstención rechazando el artículo 30 de tal Declaración que prohíbe la militarización de resguardos y reservas indígenas sin la autorización de sus líderes. En cambio, Colombia firmó la Declaración interamericana (OEA) de derechos de Pueblos indígenas en el 2016.

El Convenio 169 de la OIT (ratificado por Colombia) define muy bien a los pueblos indígenas y tribales como: los pueblos en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicos les distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, y que están regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial… (Art. 1)

A tal categoría pertenecen 370 millones de personas en el mundo, asentados en 90 países y componen 5.000 culturas que se expresan en 6.700 lenguas. De hecho, el tema de la conmemoración del Día internacional este 9 agosto de 2019 será el de las Lenguas Indígenas. Los indígenas representan el 26% de la población mundial. Pero el 15% de los habitantes más pobres del mundo son indígenas.

En Colombia, según la ONIC, hay cerca de 1.500.000 indígenas, el 3,3% del total de la población. Ellos conforman 102 pueblos indígenas de los cuales 18 están en riesgo de extinción; componen 13 familias étnicas con 64 lenguas amerindias diferentes.

Los institutos especializados de la ONU (Unicef, FAO, etc..) en sus informes del 2018 sobre Colombia, dicen que el 70 % de la población infantil indígena sufre desnutrición crónica y el 63 % del total de la población está bajo la línea de pobreza; entre ellos, un 47 % está por debajo de la línea de la pobreza extrema (indigencia y hambre). Según las cifras de la ONU, más de la tercera parte de los pueblos indígenas se encuentran en peligro de desaparecer por hambre. Tal vez nos hemos malacostumbrado a ver en los medios de comunicación la crisis alimenticia de los Wayú y de nuestros pueblos amazónicos.

En Colombia, como en todos los países de América Latina y el Caribe, la última categoría en la escala social la ocupan los indígenas. Entre ellos, la última de las últimas es la mujer indígena triplemente discriminada y excluida: por ser mujer (machismo), por ser indígena (racismo) y por ser pobre (capitalismo).

Un país indigenicida, étnicida, genocida, negador de su pasado, está condenado a no tener futuro. Es decir, es un país suicida.

Que este mes de agosto nos lleve a no dejar solos a los pocos pueblos ancestrales que aún nos quedan. A apoyarlos en sus justas y pacíficas reivindicaciones. Ignorarlos y abandonarlos tiene un altísimo costo social, económico y ecológico para todos. Nuestras instituciones tienen vínculos jurídicos nacionales (Constitución) e internacionales (Convenio 169 OIT) que las obligan a salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas. Ellos no sólo son nuestro pasado. Son también la sostenibilidad de nuestro futuro.

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