Colombia y la inestabilidad global

Luis Carvajal Basto
23 de septiembre de 2019 - 05:00 a. m.

En los últimos años el clima ha enloquecido, pero también la política. La sociedad digital, como era de esperar, la está transformando sin que tengamos una respuesta del sistema acogiendo esos cambios, incorporándolos a la vida institucional de los países. Como consecuencia, vivimos una época de incertidumbre, polarización y parálisis de las actividades del Estado. ¿Le seguirá tocando a Colombia, ahora con la eventual caída de la Ley de financiamiento, que afectaría su capacidad de funcionar?

La política democrática puede definirse como una manera reglada de solucionar  naturales diferencias de intereses. En los últimos años, cada vez, constatamos  que, para muchos asuntos de Estado, los mecanismos habituales del régimen político no operan. Así ocurre en Reino Unido, Estados Unidos y Colombia, donde a cambio de consensos indispensables observamos una creciente polarización. En España, por ejemplo, los políticos (y el sistema) no han sido capaces, luego de mucho, de formar gobierno, como en Israel. En la era digital la democracia no funciona como antes: estamos ingobernables.

Ha cambiado tanto la política que en España la izquierda de Unidas Podemos añora la milimetría (puestos en el gabinete de manera proporcional a los votos logrados), tan cuestionada en otros tiempos. ¿Qué se han hecho los referentes tradicionales en este siglo globalizado y digital? El presidente Trump, como Boris Jhonson, y la derecha extrema en sus países, defienden ahora  la autarquía y el trabajo "nacional", mientras  China asume la bandera del libre comercio que su revolución, y sus epígonos, criticaron durante décadas.

Los políticos no están haciendo bien su tarea. Puestos, como estamos, en sus  manos, pareciera que avanzamos  al  vacío: nos encontramos en la puerta de entrada  de una recesión provocada, no por problemas de oferta y demanda, sino por “errores” discrecionales  de políticas, como  la guerra comercial  y el  brexit. Todos coincidimos en que se avecina una tormenta y, mientras tanto, los políticos siguen mostrando incapacidad para acordar unos mínimos, la esencia de su oficio.

En la era de las redes sociales ha resultado más sencillo polarizar que encontrar consensos. Útiles para aglutinar y convocar, cuestionando a las instituciones, son incapaces de “reemplazarlas”  afectando las capacidades de las democracias; su desempeño. Sin ninguna duda están cambiando los paradigmas de participación tradicionales, pero en el camino “lastiman” (sin que exista aún un remplazo) a las instituciones que garantizan el disfrute de los derechos ciudadanos. Nos encontramos ante un desafío, históricamente inédito, por resolver, científica y legalmente en todas partes.

Entre tanto volvió el populismo: malos políticos, expertos en ganar elecciones y no tanto en gobernar, van “en coche”  manipulando, sin cortapisas, emociones y sentimientos ciudadanos mediante la utilización de información “íntima” obtenida en las redes.

En Colombia la polarización ha tenido algún respiro, pero el gobierno no ha logrado (¿ni  buscado?) una coalición mayoritaria en el Congreso que facilite su gobernabilidad. Por cuenta de ello se hundió su proyectada reforma tributaria siendo cambiada por una Ley de Financiamiento apenas para sobreaguar. Pero incluso esa Ley, que garantiza recursos para que el Estado y las instituciones apenas funcionen en la Colombia real, se puede caer en la Corte Constitucional (ya lo hizo, afirman en la calle). ¿Seguirá la polarización?

La decisión de la Corte será  una decisión política y no la solución de algún “pleito”, tratándose del custodio de nuestra Constitución. Aunque la mayoría de sus miembros accedieron a sus cargos durante el gobierno anterior, contradictor “en silencio” del actual, debemos esperar una decisión de buena política: la que privilegia los intereses del Estado y el bienestar ciudadano sobre los de fracciones de ellos. Y el Estado necesita recursos para funcionar; pagar los gastos en salud  y educación y, por supuesto, cumplir los acuerdos promovidos en el gobierno anterior que la misma Corte debería garantizar.

@herejesyluis

 

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