Colombia y sus desafíos ambientales de cara a la OCDE

En diciembre de 2015, se tuvo lugar a la vigésima primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 21) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Su objetivo era llegar a un acuerdo internacional sobre cambio climático con miras a evitar un aumento de la temperatura global promedio por encima de los 2°C.

El acuerdo es jurídicamente vinculante para los países firmantes. Este acuerdo fue ratificado por más de 146 países, incluyendo a Colombia, y firmado por otros 48 (información al primero de junio de 2017). Derivado de este acuerdo, Colombia se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%, respecto a las emisiones proyectadas para el 2030 (somos responsables del 0.46% de las emisiones de GEI del mundo). Así las cosas y teniendo en cuenta que es un compromiso de largo plazo, el Estado debe empezar por establecer una planeación estratégica de cara a este compromiso.

Mucho se ha hablado de los beneficios que conlleva un plan para mejorar el efecto de gases de tipo invernadero. Sin embargo, las acciones adoptadas han sido tímidas y débiles en su ejecución. De hecho las principales potencias globales encuentran en estos acuerdos un oxímoron, pues enfocar sus esfuerzos a la mejora de tecnología y de infraestructura a una que sea amigable con el medio ambiente no solamente es oneroso sino que limita las probabilidades de crecimiento futuro y perdurable de su aparato productivo. Producto de este pensamiento al que se le aúna la idea de que el asunto del cambio climático no es más que un asunto que el mismo planeta se encargará de corregir. Así las cosas, la sostenibilidad del ecosistema no solo deberá ser un compromiso firmado como el de COP 21 sino que debería ser vinculante con los ciudadanos del mundo.

En el caso de Colombia como país firmante se ha comprometido entre otras cosas a aumentar la cobertura de las áreas protegidas en siete millones de hectáreas. La pregunta del millón entonces es cómo se podrá echar a andar semejante compromiso y/o cómo se asocia éste a una planeación estratégica de Estado y vinculante con las iniciativas de desarrollo minero energético, por ejemplo. Más allá de la respuesta lo que se avizora es

Una tremenda oportunidad de desarrollo verdaderamente sostenible. Esa es la buena noticia. La no tan buena es qué, cómo y lo mejor cuál propósito se está vendiendo esta idea a los interesados claves (Gobernantes, empresas privadas, comunidades) de cara a que se emitan reformas estructurales que vinculen este asunto de relevancia.

Otro de los compromisos adquiridos es que existan cero deforestaciones en la Amazonia y reducción general en todo el país. Para ello es necesario que ya se esté ejecutando un plan controlado. Uno de los cuestionamientos es entonces cómo se ejecutará este plan y cómo convivirá el mismo con otros planes como por ejemplo la lucha contra la minería ilegal que bien pudiera estar asentada en territorio protegido. Para este plan el país recibiría USD300 millones de países desarrollados –Noruega, Reino Unido y Alemania-, pero el asunto realmente relevante es cómo se invertirán y cómo se asegurará el Estado que estos recursos sean utilizados de manera inmaculada y que además sean vinculantes con otras iniciativas propensas a garantizar la seguridad de los vecinos de estas áreas protegidas.

Un asunto que realmente conllevará a un desarrollo sostenible del país será la promoción del desarrollo sostenible rural, protección de bosques y biodiversidad. Más allá del compromiso adquirido en COP 21, este asunto debe ser visto como una oportunidad para el desarrollo de una industria de bienes terciarios como lo es el turismo. Mucho se ha hablado en el país de la diversificación y la no dependencia de bienes primarios, ésta es una oportunidad más que el país debe afrontar y de paso desarrollar una industria turística en donde su carta de presentación será no solo el cumplimiento de un acuerdo internacional sino la adaptación al cambio climático.

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