Por: Columnista invitado

Colombia y sus desafíos competitivos

*Jose Darwin Lenis Mejía

En pleno siglo XXI, los desarrollos de la economía colombiana, plantean desafíos en términos de una economía pensada a escala humana que permita salir del deshonroso segundo lugar como país más inequitativo y desigual de Latinoamérica después de Haití.  Dejar atrás los retrasos en obras de infraestructura y de actividad constructiva fue la promesa del Presidente Santos, para decir que se movería con fuerza la locomotora del progreso social desde las grandes obras de infraestructura como soporte para la exportación de productos nacionales y mejoramiento sustancial de la producción agrícola y minera entre otras.

Aunque según Luis Fernando Mejía, Director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) los proyectos en obras de 4G generaran un impacto positivo en el PIB del país y están fluyendo bien, es otra la realidad.  La promesa realizada en 2012 por el presidente Santos se ha incumplido casi en un 70% en el componente de infraestructura como pilar de transformación social de su gobierno.

De acuerdo al análisis de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) la desaceleración de la ejecución de obras se debe a los fallidos esquemas de refinanciamiento económicos, la inflexibilidad contractual de la ANI o a los escándalos de corrupción con Odebrech. Situaciones que por defecto generan retraso visibles dadas las acciones jurídicas y políticas que debilitan la velocidad de continuidad de todos los proyectos que estaban previstos terminarse para el año 2019 y que seguramente se incumplirán, por los evidentes desaciertos de distintas ordenes como, la falta de control fiscal, la modificación de diseños, autorizaciones ambientales fallidas o las dificultad en procesos  de consultas previas con poblaciones étnicas. Según lo anterior, para el DNP el país decreció en una tasa de 0,5% en proyección al PIB para 2017.

Sin ocultamiento de la verdad, la brecha de infraestructura vial, marítima y aeroportuaria sigue en déficit a pesar de que la inversión supera los $50 billones. Si el propósito es, dar un salto cuantitativo en materia competitiva vale preguntarnos ¿Dónde ha quedado la inversión y creación de nuevos aeropuertos, el fortalecimiento de la red vial, el plan maestro fluvial, la rehabilitación de vías férreas y la operación de trenes de carga? un desarrollo económico integral va de la mano de un desarrollo poblacional visible. En esta perspectiva, con poca o nula transparencia en procesos licitatorios, en ejecución de proyectos,  de micos legislativos o peor aún sin vínculo de reconocimiento efectivo de las potencialidades de las poblaciones es imposible abandonar el subdesarrollo.

La relación economía y desarrollo de las poblaciones hoy es, inversamente proporcional al progreso del país. Los medios oficiales expresan que se ha mejorado en los índices de globales de competitividad, pero la pobreza abraza a más de 13 millones de colombianos. Es imposible pensar otros índices de desarrollo humano, porque en términos de derechos se están embolatando algunos sustanciales como la paz, la educación o la cultura arrasados por un progreso insensible que vulnera las mínimas condiciones humanas de los colombianos  más pobres y vulnerables.

En este sentido, la calidad de vida de la población es un desafío innegable y en ello los índices de desarrollo de los principales ciudades y departamentos  en términos de desempleo, acceso a la educación o violencia están disparados negativamente.

Otro desafío es, atender integralmente los territorios, no solo es trazar una ruta de transformación vial o de conectividad, es invertir  en las condiciones esenciales e indispensables para la vida como la salud, el saneamiento básico o la educación como factor de movilidad y cambio social. En estos anteriores aspectos, llegamos escasamente a un 65% promedio de cobertura total nacional. Hay zonas como el Choco, la Guajira o en el Amazonas donde el agua potable, la energía o el alcantarillado son inexistentes o deplorables.   

Un desafío más está en dignificar las regiones, éstas piden equidad e inclusión estatal. La visión de una sola Colombia, inicia por reconocer que la distribución de ingresos es desigual en proporción a los aportes y el sentido estratégico de muchísimas regiones o sectores productivos. Desde esta óptica, seguir desconociendo la legitimidad de las poblaciones y referir legislación para mostrar engañosamente que con ello se construye política pública de inclusión económica para la “protección de las presentes y futuras generaciones” es irresponsable y contradictorio. Porque para invertir de cara a la transformación del país, el mapa diagnóstico de la concentración de la pobreza ya se conoce, al igual que el de las riquezas. Ser incluyente es, equiparar condiciones sociales para disfrutar de los bienes en su conjunto teniendo en cuenta el equilibrio humano y la sostenibilidad, no macro-proyectos de cemento y acero a espaldas de la gente.

Señores congresistas abran paso a debates con mayor rigor, control, sentido y visión de país. Es inaudito que la proyección de vías se diseñe para seguir beneficiando a unos pocos en la acumulación de riquezas estratégicas, mientras el país humanamente se derrumba como pasa a diario en casi todas las regiones.

Señor Mejía, los desafíos de modernización e innovación en obras para la competitividad del país, no solo consiste en mostrar índices de rendimiento financiero e impacto económico, requieren pensar la sostenibilidad de los bienes materiales e inmateriales y el bienestar integro de la población.

 

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