Por: Pascual Gaviria
Rabo de ají

Retroceder y castigar

Esta semana se cumplieron 25 años de la sentencia de la Corte Constitucional que descriminalizó el porte y consumo de la dosis personal de marihuana, cocaína y metacualona. Antes del fallo de 1994 los ciudadanos que fueran sorprendidos con dosis de consumo personal en sus bolsillos podían ser condenados a penas de prisión o sometidos a tratamientos obligatorios. La decisión mayoritaria (el fallo fue 5-4) se tomó basada en la defensa de la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad, en la necesidad de reconocer la libertad de los ciudadanos mayores para elegir lo que es bueno o malo para su vida, mientras su decisión no afecte los derechos de los demás. La idea es que la virtud no puede ser impuesta bajo amenaza de prisión, parece sencillo, pero bien sabemos que no lo es.

La sentencia marcó una muy buena ocasión para ensayar una mirada más atenta, más inteligente y pragmática sobre los problemas de consumo de drogas en el país. Una oportunidad para cuestionar la histeria moral, para evaluar los beneficios de la penalización y la eficacia de los discursos de los carceleros más allá de la política electoral. Era el momento para reconocer que el Estado, por férreo que se pretenda, no puede dirigir ciertos comportamientos individuales y que un mundo libre de drogas es solo un eslogan imposible. Este mes Portugal ha recordado los 20 años del inicio de una política pública que se centró en dejar de mirar a los consumidores como delincuentes, reconocer la diferencia entre consumos cotidianos, habituales y problemáticos, pensar más en la atención que en el juzgamiento y mirar más los indicadores que los sermones.

Portugal no tiene una legislación muy distinta a la aprobada en Colombia para “corregir” el fallo de 1994. Tiene sanciones administrativas para el porte y consumo en espacios públicos y sus políticas de reducción del daño están por detrás de las que se han tomado en Suiza, España u Holanda. Pero el cambio significativo vino por parte de la sociedad, de los policías y jueces, de los familiares de los adictos, y los encargados de algunos servicios sociales y de atención en salud.

No se cumplieron los vaticinios catastróficos de los alarmistas, los adictos son más o menos los mismos, quedó claro que el aumento o disminución del consumo depende más de auges o crisis económicas que de las leyes y los decretos, y que poner una barrera policial frente a consumidores y adictos solo aumenta la ignorancia y los problemas. En Portugal el consumo de heroína y cocaína pasó de afectar el 1 % de la población al 0,3 %, los adictos con enfermedades como el VIH y la tuberculosis han caído hasta la mitad, y la población carcelaria por delitos relacionados con drogas bajó un 30 %. Los adictos saben que el Estado llega en la camioneta del Sicad (Servicio de Intervención de Comportamientos Adictivos y Dependencias) para prestar atención e incentivar usos responsables, y no en la patrulla de policía que decomisa y maltrata.

Mientras tanto Colombia sigue con las recetas y la percepción pública y gubernamental de hace 30 años. La policía tiene a los consumidores como prioridad, y el maltrato y la discriminación social como conducta. Ya sabemos que los jóvenes más vulnerables son el 80 % de los capturados por un simple sesgo policial. Y tenemos 90.000 capturas relacionadas con drogas cada año, pequeños trofeos para que los agentes cumplan con las metas de su planilla, capturas que en su mayoría son simples escarmientos que no llegan siquiera a una imputación. Solo el 10 % termina en condenas. Hace un mes el ministro de Defensa celebraba la destrucción de 251.000 dosis mínimas, imposible avanzar con esa mentalidad al por menor.

 

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